jump to navigation

Elecciones

Versión PDF

Dicen que cada pueblo tiene los gobernantes que se merece. Se dice desde hace más tiempo del que suele creerse, y en más lugares de los que podría imaginarse. Sólo por estas dos razones, cualquier persona sensata de este mundo no dudaría un momento en admitirlo plenamente.

Otros, no menos sensatos, podrían objetar una larga historia de rebeliones y revoluciones populares que consiguieron derrocar a muchos temibles tiranos por todo el orbe. Esto alienta las esperanzas de los que se resisten a aceptar lo que, sin duda, es una enorme injusticia: ¿merecieron realmente los italianos a Mussolini? ¿Y los españoles a Franco? Sólo que las más de las veces, aunque no todas, aquellos procesos revolucionarios desembocaron en otras no menos terribles tiranías. ¿Se esfuma entonces la esperanza, o es que la tiranía encuentra más fácilmente el medio de imponerse?

Para resolver este problema se supone que nació y se desarrolló la democracia parlamentaria y representativa a lo largo del siglo XIX (si obviamos la democracia ateniense, de la que estaban excluidos los esclavos, los extranjeros y las mujeres, más del 99% de la población). De ella se dice también que es la menos mala entre las formas de gobierno. Y su origen histórico, revolucionario y antiabsolutista, invita a la confianza.

Pero ese mismo origen delata en qué medida la tiranía se encuentra en su secuencia genética. El sufragio universal es un logro del siglo XX, y, según qué caso, ni tan siquiera de las primeras décadas. Las luchas obreras para conseguir el derecho al voto (del que estaba excluida la gran mayoría social que no pagaba impuestos directos), las luchas de las minorías étnicas, y el movimiento sufragista femenino son los responsables, y a un alto precio, del sufragio universal para todos los ciudadanos mayores de edad.

 

 

 

 

 

No obstante, ese doloroso avance histórico no expurgó la tiranía de la democracia liberal, tan sólo la ha retenido maniatada, y no siempre con éxito. Ejemplos como el de Adolf Hitler y su partido nacionalsocialista, aupados al poder por el sufragio popular en la República de Weimar, o el de George W. Bush revelan la fragilidad de las ataduras que la sujetan.

Actualmente en Europa, España y Canarias se diría que la democracia representativa goza de muy buena salud. Casi no pasa un año en que los ciudadanos no sean convocados masivamente a participar en un proceso electoral: local, autonómico o federal, general o presidencial, al Parlamento Europeo… A todos ésos podríamos añadir algún referéndum, las elecciones sindicales, y una multitud de microelecciones: asociaciones de vecinos, comunidades de propietarios, y otros tipos de asociaciones y clubes.

Sin embargo, la tiranía se está abriendo paso con extraordinaria facilidad entre toda esa maraña electoral, garantía –supuestamente- de que estamos siendo gobernados por quiénes nosotros hemos elegido. Muchas voces lo vienen denunciando desde hace al menos dos décadas. Otros, como Josep Colomer, lo hacen incluso involuntariamente. Para desautorizar el movimiento soberanista catalán sostiene que “ya no hay soberanía”, a causa del doble proceso de integración en la UE y de descentralización administrativa hasta el nivel local. Parece que la relativa pequeñez de su objetivo le impidió ver a este experto del CSIC el alcance real de su disparo. En la UE la soberanía popular se está diluyendo entre un montón de instituciones que, salvo el Parlamento, no están conformadas por la voluntad de sus pueblos: simplemente no la representan.

A nivel global, del que tampoco escapan los ciudadanos europeos, nadie discute ya que entidades como el G20, el Banco Mundial, o el Foro de Davos (por citar sólo algunas) toman decisiones estratégicas de impacto mundial, o ejercen una influencia decisiva sobre ellas, totalmente de espaldas a la soberanía popular. Y se debe recordar que la ONU tampoco es una organización democrática, sino oligárquica.

Sin embargo, el proceso de desoberanización de la política no acaba aquí, y va acompañado, además, por su mercantilización. Por un lado la democracia interna en los partidos políticos sigue siendo bastante discutible, y la construcción de sus liderazgos pocas veces se hace desde la militancia, e incluso desde criterios políticos. Por otro, los “personajes políticos” se han convertido en productos consumibles, y las campañas electorales en simples (o muy complejas) campañas publicitarias. Eso sí, también muy costosas, por lo que la dependencia de los grandes partidos del mundo financiero y empresarial es inmensa. Tanto, que traspasa muchas veces el marco de la legalidad para convertirse en mil casos de corrupción. La respuesta de muchos partidos, cerrando filas tras sus corruptos, sólo puede calificarse como sectaria y totalmente antagónica a la que debe esperarse de una organización democrática: ya no importa que la reina sea honesta, ni que lo parezca, porque la voluntad de los electores tampoco es realmente significativa. La soberanía, efectivamente, ya no es del pueblo, si es que alguna vez lo fue.

En Canarias este proceso de desoberanización es muy intenso, y tiene su correlato en una extensísima casuística de corrupción. Pero se adorna con una “guinda” sin parangón en otras comunidades autónomas: la ley electoral que ordena la composición del Parlamento de Canarias. En las “islas no capitalinas” el número de votos necesario para sentar un diputado en el parlamento regional es sustancialmente inferior que en Tenerife y Gran Canaria. En estas dos islas reside más del 90% de la población del Archipiélago, y generalmente son las protagonistas de los procesos de articulación social, política y cultural más relevantes. Por ello son más difíciles de someter bajo el manto del clientelismo, así que su voluntad política es sistemáticamente escamoteada en las elecciones autonómicas: a los ciudadanos herreños les basta con 2.500 votos para sentar dos diputados regionales en sus escaños, mientras que 50.000 grancanarios no consiguen ni uno.

No obstante, la voluntad política de los ciudadanos isleños no sólo es escamoteada en el momento de emitir su sufragio. En la comunidad española con más parques nacionales y con más proporción de territorio supuestamente protegido, los asuntos ambientales -la tierra al fin y al cabo- poseen una particular trascendencia. Y es en ellos donde históricamente el gobierno y el parlamento canarios han dado más veces la espalda a la voluntad colectiva, ya fuera en forma de iniciativa legislativa popular (como fue el caso de Veneguera, en Gran Canaria), o de amplio (y rocoso) rechazo social, como está sucediendo con el puerto de Granadilla, en Tenerife.

Decididamente, no tenemos los gobernantes que nos merecemos: las encuestas de valoración política del CIS son muy elocuentes. Desde el año 2004 hasta julio de 2010, ningún político español de ámbito estatal ha conseguido obtener un mísero aprobado de la ciudadanía, con la excepción de Zapatero y sólo hasta que comenzó la crisis en 2008. En Canarias, afortunadamente, lo tenemos muy claro: Paulino Rivero es el presidente autonómico peor valorado por sus ciudadanos.

El próximo año se convocarán elecciones locales en toda España y autonómicas en casi todas las comunidades. A las anteriores, todos los partidos concurrieron con mil promesas de democracia participativa, conscientes de que es la mejor solución conocida -y ya practicada- a los problemas de la democracia representativa. ¿Cuántos, sin embargo, han cumplido sus promesas?

Les va resultar francamente difícil, porque la participación popular en los procesos de toma de decisiones es antagónica a los intereses, los fines y la organización interna de los partidos tradicionales. Sin embargo, aquí y allá (en Canarias también)  han ido naciendo en los últimos diez años unas cuantas organizaciones (no siempre políticas, pero fácilmente “politizables”) que no prometen participación, sino que ellas mismas son el resultado de procesos participativos y se organizan y deciden de la misma manera.

En 2011 tendremos una oportunidad, una elección que hacer. Debemos decidir si queremos seguir siendo súbditos, o si queremos ser ciudadanos. Los votos favorables a la mayoría de los partidos tradicionales contribuyen al proceso de desoberanización. ¿Seremos capaces de hacer una revolución incruenta en las urnas?

Las Palmas de Gran Canaria, septiembre de 2010

Comentarios»

No comments yet — be the first.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: