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Al Capone, al volante

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Hace mucho tiempo que estamos siendo gobernados por delincuentes. Expuesto de otro modo: en los últimos veinte años el delito se ha instalado en el poder político, desde el más global al más local. Obviamente esto es una generalización. A salvo de ella quedan, probablemente, la mayoría de las instituciones y de los dirigentes políticos. Pero no es una exageración, porque muchas tendencias y decisiones de gran impacto –también global y local- son delictivas o sirven a intereses criminales.

Y no me refiero, al menos de forma exclusiva, a casos como el de Silvio Berlusconi. Su intentona de criminalizar a los inmigrantes irregulares y particularmente a los gitanos, fue presentada por muchos medios de comunicación como una decisión que, al menos, favorecía los intereses de la mafia. Ha conseguido desviar la atención social del auténtico riesgo: las probadas relaciones históricas entre esa organización y el aparato del estado italiano. Sus más recientes iniciativas legislativas, como impedir las escuchas telefónicas a altos cargos investigados por corrupción o la de proporcionarles inmunidad judicial absoluta, le benefician directa y personalmente. Pero, sobre todo, evidencian la soltura con que los sinvergüenzas se mueven por los pasillos del Quirinal.

Sin embargo, la posibilidad de que Berlusconi sea un mafioso es sólo un problema secundario. Y no es por minimizar la importancia real de las organizaciones criminales transnacionales y su influencia sobre los estados, como advierte Jean-François Gayraud en El G 9 de las mafias en el mundo (Urano, Barcelona, 2007). Pero el descaro de Berlusconi y su gente es impropio del modus operandi de la mafia, cuya principal estrategia, como señala Gayraud, es permanecer oculta y desapercibida.

Su impudicia es la misma que imperó en las Azores el 16 de marzo de 2003. Los protagonistas de esa cumbre sabían que una mentira -las armas de destrucción masiva en posesión del régimen de Saddam- era todo el respaldo que tenían para quebrantar las leyes y las organizaciones internacionales. Y declararon una guerra ilegal que ya ha costado la vida a muchos centenares de miles de inocentes. Todavía no han sido juzgados por crímenes de guerra. Pero sólo porque de momento han sido los vencedores. No obstante, eso no impide percibir con claridad que “el espíritu de las Azores” está animado esencialmente por el crimen.

Los secuestros y detenciones ilegales; “los vuelos de la CIA” y la complicidad con ellos de decenas de estados; las torturas de Guantánamo y Abu Ghraib. Todas estas actividades se están perpetrando con una impunidad absoluta. Y todas, una tras otra, son crímenes contra la Humanidad.

Por su parte, la última directiva europea sobre inmigración irregular quebranta de hecho la legalidad. Pero más que nada es despiadadamente inhumana, tratando como delincuentes a las principales víctimas del gran crimen global: la pobreza y el hambre impuestas por los países ricos a lo que conocemos como “Tercer Mundo”. Sobre ese telón de inmoralidad, sus autores se han hecho fotografiar sonrientes y muy bien trajeados.

A una escala menor, el motor de la economía española de la última década, la actividad inmobiliaria, ha generado una compleja y extensa red de actividades ilícitas en las instituciones de gobierno locales que no conoce límites partidistas, ni empresariales, ni geográficos. Decenas de alcaldes y concejales, imputados por varios delitos en causas judiciales abiertas, han continuado después en sus cargos con total desparpajo. Y unos cuantos han sido reelegidos democráticamente en los últimos comicios locales. Los límites entre la necesaria presunción de inocencia y la obscenidad ya no existen.

Estos “pequeños berlusconis” mantienen en común con su hermano mayor la supuesta comisión de varios delitos, la aparente impunidad y desvergüenza con que se desenvuelven, y, ante todo, el respaldo social suficiente para poder hacerlo. Esa irradiación social del delito desde la esfera económica y política, mediante la estrategia del favor y el clientelismo, asimila peligrosamente esos fenómenos (¿locales?) de corrupción a las mafias. Pero poco más tienen en común con ellas, que no sea su participación en tales negocios como fórmula de lavado de dinero.

El ejercicio de la política y el delito, no hay que olvidarlo, históricamente han ido casi siempre de la mano. Pero el nacimiento y la consolidación del derecho y las instituciones nacionales e internacionales a lo largo del siglo XX (el de las peores fechorías contra el ser humano) nos habían hecho creer que la honestidad se había apoderado del poder político. La Guerra Fría contribuyó a ello, haciendo que el crimen cayera en la órbita de lo oculto, bajo la responsabilidad de los servicios secretos.

Pero la victoria del capitalismo hace veinte años le está permitiendo desenmascararse progresivamente, para mostrarnos a todos su naturaleza delictiva, en todos los ámbitos, desde el global, al local, pasando por el estatal. El crimen (los más horrorosos crímenes) se encuentra en el mismo nacimiento del capitalismo en el siglo XVI (ya denunciado por hombres como Bartolomé de las Casas), en su transformación y reproducción del XIX (¿vale Joseph Conrad?), y ahora, en el XXI, tras su victoria definitiva sobre el último rival que le salió al paso.

No han sido, pues, extraños los asesinatos de empresarios en la Rusia postsoviética. Allí, la articulación del capitalismo no se ha hecho sobre la nada. Se ha apoyado en instituciones preexistentes: las empresas estatales, el Partido, el KGB. Pero ha necesitado de la violencia y del delito, y lo sigue haciendo, para su consolidación y desarrollo, porque son intrínsecos a su propia naturaleza.

Sin duda, en todos estos acontecimientos las organizaciones criminales transnacionales están jugando un papel –incluso- destacado. Pero no es otro que el de las moscas, que se arremolinan por centenares alrededor de la mierda.

Las Palmas de Gran Canaria, junio de 2008

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