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Canarias, el paraíso… del petróleo

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Repsol pretende sacar petróleo de las costas majoreras y conejeras. Seguramente otros ya han dicho todo (o casi todo) sobre el asunto. Pero, aun corriendo el riesgo de ser reiterativo, conviene reunir y recordar los argumentos, más que nada porque últimamente los gobiernos españoles (y los de la Unión Europea) andan bastante duros de oído para escuchar a sus pueblos.

Si hay algo indiscutible que sintetiza perfectamente el problema es que la explotación de un supuesto yacimiento de petróleo muy próximo a las costas orientales de Lanzarote y Fuerteventura no beneficiará a los canarios en nada, y los perjudicará en varios aspectos estratégicos para su supervivencia y su desarrollo. Así que las prospecciones que Repsol YPF se propone efectuar (y las que ya ha realizado durante los últimos años) no tienen sentido alguno, salvo exclusivamente para sus principales accionistas: Blackrock INC., Caixabank S.A., Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, Petróleos Mexicanos, Sacyr Vallehermoso Participaciones Mobiliarias S.L, y Sacyr Vallehermoso S.A.

Para empezar, no implicará un descenso en el coste de los combustibles en las Islas, como nunca lo ha supuesto la ya centenaria cercanía (desde 1910) de la refinería de Santa Cruz de Tenerife, la decana de España. Es cierto que los derivados del petróleo en Canarias son los más baratos del estado, pero lo son exclusivamente porque “disfrutan” de una fiscalidad más baja. Tampoco tendrá un impacto apreciable en el consumo de bienes y servicios. En parte, porque cualquier hotel absorbe un volumen mayor de productos convencionales que una plataforma. Pero, sobre todo, porque Repsol utiliza un sistema externo de proveedores que favorece igualmente a las grandes empresas, particularmente en lo tocante a productos y servicios especializados. Es el caso de la construcción de los “famosos” barcos nodriza, que los astilleros isleños no podrán afrontar porque su especialidad es la reparación naval. Así que el impacto de la actividad extractiva en el empleo indirecto de las Islas será muy escaso, insignificante. Y peor será en lo relativo a los empleos directos. La mayoría de los puestos de trabajo en una plataforma corresponde a especialistas que las petroleras contratan en un “mercado internacional”, y que, de todos modos, no abundan en Canarias.

Sin embargo, las consecuencias negativas de la actividad de Repsol tan cerca de Lanzarote y Fuerteventura son múltiples. En estos casos suele pensarse en los accidentes como el principal riesgo, y no faltan motivos para temerlos: son más recurrentes de lo que desearían las petroleras, y sus efectos ambientales suelen ser devastadores, como sucedió a la costa de Luisiana en abril de 2010. Pero la “silenciosa” actividad cotidiana de las plataformas petrolíferas es de por sí lo suficientemente destructiva para rechazarlas sin ningún género de dudas. Y la propia empresa lo reconoce: ha provocado un promedio de casi 5 derrames diarios entre 2006 y 2010. De cualquier modo, todos sus procedimientos de trabajo, desde la prospección sísmica hasta la extracción, producen efectos muy perniciosos sobre la vida marina y la calidad del agua.

Precisamente el turismo de sol y playa es el mayoritario en ambas islas y junto al deportivo, ambiental y cultural (de mayor calidad) representa algo más del 28% del PIB regional y más del 33% del empleo de todo el archipiélago, En la provincia de Las Palmas casi el 84% del PIB y el 82% del empleo dependen de un sector servicios dominado por el turismo, que es la principal actividad de todas sus islas, y que también arrastra en buena medida al sector de la construcción, cuyo peso en el empleo y en el PIB se sitúa en torno a otro 10% más. Y las mejores playas conejeras y majoreras (algunas de ellas muy apreciadas internacionalmente para la práctica de deportes como el Windsurf) se localizan justamente en las fachadas orientales, frente a las que Repsol va a prospectar.

Pero ese litoral no es atractivo solamente por sus posibilidades deportivas. A pesar de la intensa actividad turística (o a causa de ella), las dos islas cuentan con una extensa red de espacios naturales protegidos de diversa categoría. Más allá de su explotación comercial, esa protección denota unos valores intrínsecos difícilmente sustituibles. Muchos de esos espacios, algunos de ellos de gran valor (como el archipiélago Chinijo), son marítimos o, al menos, costeros.

Desde el punto de vista hidrológico el archipiélago canario es tan diverso como sus paisajes, aunque el aumento de la población y el descenso generalizado de las precipitaciones están haciendo del agua un recurso escaso en todas las islas. Sin embargo, en ese contexto de extraordinaria diversidad, a Lanzarote y Fuerteventura les tocó la peor parte: poseen los territorios más desérticos debido a su escasa altitud. Así que la desalación del agua del mar para el uso doméstico, turístico, y agrícola es vital para sus habitantes: el 99% del agua que consumen los conejeros y el 86% de la que utilizan los majoreros procede del mar. Y, por razones demográficas, la práctica totalidad de las plantas de desalación de ambas islas se encuentra también en sus costas orientales.

La invasión del Sahara por Marruecos a finales de 1976 significó el comienzo del declive de la pesca en la economía isleña, y sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura, donde vieron disminuir paulatinamente los buques y las capturas, y cerrar la mayoría de las industrias conserveras. También el crecimiento turístico ha contribuido a ello. Pero la pesca artesanal mantiene todavía una cierta importancia socioeconómica en Lanzarote y especialmente en La Graciosa.

Finalmente, las zonas productoras de petróleo se están convirtiendo crecientemente en focos de tensión y conflicto. El aumento del consumo, y la paralela disminución de las expectativas de encontrar nuevas reservas para sustituir a las que ya se están agotando están empujando a las petroleras a buscar y extraer oro negro en lugares cada vez más complejos técnicamente, como en el caso de Lanzarote y Fuerteventura, debido a la profundidad del fondo oceánico. Pero asimismo están animando a ciertos estados a la confrontación con otros por el control de este recurso.

No es fácil imaginar a Marruecos lanzando un ataque contra Canarias (y España) por el petróleo de las costas conejeras y majoreras, aunque lo hiciera en 1976 con los saharauis por los fosfatos. Pero desde hace unos diez años (a comienzos de 2002 el BOE publicó la autorización del gobierno español a Repsol para prospectar en las Islas), la armada española ha reforzado visiblemente su fuerza naval en Las Palmas. A los cuatro patrulleros de la clase Anaga, se sumaron dos del tipo Serviola. Después aparecerían otros dos de la serie Descubierta. Y más recientemente se ha unido a ellos el patrullero más moderno de la Armada, de la clase Meteoro. ¿Es posible atribuir exclusivamente este progresivo aumento de la cantidad de buques al dispositivo del FRONTEX, que comenzó en 2006? Y es que esta escalada de la marina española en Canarias ha supuesto también un crecimiento exponencial de su capacidad de combate: ¿para detener cayucos?

La demostración de musculatura y la década que ha transcurrido desde el inicio del proceso sugieren que, en realidad, la fase de conflicto ya se desarrolló. Quizás (y sólo quizás) por ello, hace unos cinco o seis años, uno de los patrulleros del tipo Serviola apareció en el arsenal de las Palmas con un costado completamente rozado de popa a proa, con signos evidentes de haber mantenido “un pulso” con otro buque en alta mar (no dispongo de pruebas sobre ello, aunque sí de mi memoria de vecino de la ciudad). Y quizás también por los mismos motivos unos años antes (pero seis meses después de la autorización del gobierno a Repsol), en julio de 2002, se produjo el incidente de la isla de Perejil: las razones marroquíes para provocarlo siguen siendo desconocidas, aunque, en mi opinión, bien pudo ser una “tienta”. Eso explicaría la respuesta del gobierno de Aznar (desproporcionada, para algunos), que incluyó el despliegue temporal en Lobos de un destacamento militar el día 18 de julio.

Pero nada impide pensar que las tensiones no puedan reproducirse. Primero, porque el litigio de las aguas territoriales entre ambos países sigue abierto: los escasos 100 kilómetros que separan la Punta de la Entallada de Cabo Juby no son suficientes para que cada estado reclame sus 200 millas de Zona Económica Exclusiva (aunque tampoco es Marruecos el único en pugnar por la explotación del fondo del Atlántico canario). Y segundo, porque Mohamed VI habrá aprendido de su padre a salir de las crisis económicas y de los problemas internos generando un conflicto exterior.

De todos modos, no es necesario que Marruecos y España lleguen a una confrontación armada (que es mera especulación) para que Canarias sufra una catástrofe de verdad, motivada por la explotación de estos yacimientos petrolíferos. Y eso lo sabe el gobierno autonómico isleño desde hace una década, cuando la Federación Internacional de Touroperadores lo amenazó con no enviar un solo turista si Repsol seguía adelante con sus prospecciones en aguas conejeras y majoreras. También sabe del impacto que tendrá sobre los ecosistemas marinos y el litoral, especialmente de los espacios naturales protegidos que él mismo declara y gestiona. Sufrirán daños irreparables, como la pesca artesanal, que será del todo inviable. Como tampoco será posible continuar desalando agua de mar para abastecer la población de ambas islas, que se vería reducida a un 10% de la que ahora soportan: ¿dónde irán las otras 230.000 personas?

Frente a esto, lo mejor que se puede decir sobre la actitud del gobierno autónomo canario es que ha sido bastante ambigua, como ha manifestado el ministro José Manuel Soria. Hasta hace muy poco Paulino Rivero especulaba con financiar la Comunidad Autónoma a través de un gravamen específico sobre la actividad extractiva de crudo en aguas canarias. El negocio de Repsol quedaría así vinculado a una nueva modificación del REF, de la que ese gravamen formaría parte. Todo con tal de mantener un instrumento que beneficia exclusivamente a la burguesía importadora, ya que el común de los canarios debe hacer frente una de las cestas de la compra más caras de España.

Más nítida y beligerante ha sido la respuesta de las instituciones locales majoreras y conejeras, especialmente del Cabildo de Lanzarote. Éste presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto del gobierno de Aznar unos meses después de su publicación. A comienzos de 2004 el alto tribunal falló a favor del Cabildo, suspendiendo ese decreto, que resultó ser sustancialmente ilegal.

A este rechazo se han ido sumando plataformas ciudadanas, ayuntamientos, la mayoría de los partidos políticos de ámbito canario, y diversos movimientos ecologistas. La oposición a las mismas prospecciones se está organizando por encima de las barreras insulares, políticas, ideológicas y sociales. Y se ha extendido a las demás regiones insulares de la Unión Europea, por medio de la Declaración de Fuerteventura, que incluye entre sus propuestas “el derecho de las sociedades insulares a participar en la toma de decisiones sobre proyectos energéticos basados en sistemas de energías contaminantes y no sostenibles que puedan generar amenazas a su ecosistema natural”. Así que, finalmente, el Gobierno de Canarias también se ha agregado a este movimiento de rechazo. Los dos grupos parlamentarios que lo sostienen en el Parlamento de la Comunidad (el nacionalista y el socialista) han presentado una Propuesta de Resolución que, en síntesis, pretende frenar las prospecciones de Repsol, archivando el expediente administrativo que las autoriza.

Asimismo esa propuesta quiere impulsar el desarrollo de las energías limpias y renovables en el Archipiélago. No sin contradicciones (como el empeño de las plantas gasificadoras) y algún que otro escándalo en el que se vio envuelto el hermano del ahora ministro Soria, Canarias en su conjunto ha hecho, o debería hacer, una apuesta histórica por las energías renovables y el desarrollo sostenible, como en el caso de El Hierro. Y le sobran las razones para hacerlo: no sólo porque el petróleo se está agotando, o porque sea más coherente con la especialización económica isleña, sino porque “Canarias es la Arabia Saudí de las energías renovables”.

Por ello, la voluntad de Repsol de continuar con las prospecciones pone de manifiesto como pocas veces que los grandes capitalistas y su servidumbre política piensan y actúan a muy corto plazo y contra todo, incluso contra la legalidad, al menos cuando ésta no les es favorable. En este caso, la multinacional petrolera está contando con la entusiasta colaboración del ministro de industria, energía y turismo, el canario José Manuel Soria, de su gobierno y de su partido que, además, han paralizado el desarrollo de las energías renovables en toda España.

No obstante, pocos asuntos como los medioambientales y los vinculados con la paz y la estabilidad regionales suscitan más acuerdo y movilización en la sociedad isleña. En los últimos treinta y cinco años, todas las iniciativas tendentes a la militarización del Archipiélago y a la destrucción de espacios naturales de gran valor han topado con el encono del pueblo canario para detenerlas. No siempre lo ha conseguido, pero el Ministerio de Defensa puede dar fe de la fortaleza de los canarios en la defensa de sus frágiles espacios insulares.

En este caso podemos esperar una lucha tenaz y sin cuartel, porque los últimos cinco siglos de historia de las Islas no conocen una traición como la que Repsol y el gobierno del PP están perpetrando contra Canarias. Ciertamente vivimos tiempos de infamia política, donde los gobiernos se han convertido en meros perros guardianes de los grandes capitalistas. Por eso también asistimos a un tiempo de luchas sociales sin parangón en la historia de la humanidad. Así que ya hay convocadas grandes manifestaciones para el próximo 24 de marzo contra las prospecciones petrolíferas. Aunque tampoco sería mala idea no volver a pisar una gasolinera de Repsol.

Domingo Marrero Urbín, Las Palmas de Gran Canaria, marzo de 2012.

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Comentarios»

1. Manuel Fernández "mafersa" - 12 marzo, 2012

Se estan dando las condiciones para que el pueblo canario exija su independencia.

1º.- Suspensión de las tasas aéreas

2ª.- Eliminación de las primas a las energías
renovables, en “la Arabia Saudí de las Energías
Renovables”

3º.- Insistencia desmesurada en otorgar licencia para
prospecciones petroliferas a Repsol en aguas
cercanas a Canarias.

4º.- Reducción en un 30% de las subvenciones a la
desalación del agua del mar para abasto de
la población.
Y algunos puntos más que no recuerdo y otros que vendrán acompañados por los recortes. Ojo al loro.

Domingo - 12 marzo, 2012

Hola Manuel
Casi que se puede decir que sí. Desde que la UPC de Manuel Bermejo fue “desalojada” del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el independentismo isleño no ha hecho otra cosa que retroceder sociopolíticamente, al menos el de izquierdas. No sé si todo lo que relatas provocará ese efecto. Pero si ni lo hace será de milagro: el gobierno actual está “haciendo todo lo posible” para que la autodeterminación empiece a ser una opción política para muchos.
Saludos.


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