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Tiempo de congresos en tiempos de crisis política

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El primer semestre de 2017 habrá sido el escenario de los respectivos congresos de los partidos con mayor envergadura en el arco parlamentario español. El primero en celebrarlo fue Ciudadanos, a comienzos de febrero. Una semana después, y al unísono, lo hicieron el PP y Podemos. Y el PSOE presumiblemente llevará a cabo unas elecciones primarias en mayo y su congreso en junio.

En la actual coyuntura hispana, que es de desequilibrio, confrontación e incertidumbre desde que en 2014 los Indignados irrumpieron en la política institucional por medio de Podemos, estos eventos equivalen, en primer lugar, a los imprescindibles descansos de los púgiles entre asalto y asalto. En ellos hacen recuento de sus fuerzas y las reorganizan, estudian nuevas estrategias, y se oxigenan. Por eso, en segundo lugar, constituyen una buena ocasión para conocer mejor su papel en el conflicto. Y, en consecuencia, finalmente pueden ser decisivos para el desarrollo posterior del mismo.

La IV asamblea general de Ciudadanos (que no se reunía desde hacía cinco años) estuvo precedida por unas elecciones primarias a las que se presentó un único candidato. En ellas, Albert Rivera revalidó la presidencia de su partido, aupado por el 87% de los militantes que participaron, que no fueron muchos. Apenas llegaron a seis mil: de hecho, entre 2015 y 2016 la organización naranja ha perdido muchos afiliados y donaciones. Ya en la asamblea, Rivera “descatalanizó” el Consejo General (además del logotipo de Ciudadanos) asegurándose también su control con una lista totalmente afín. El máximo órgano político del partido no se renovaba desde 2011.

Pero el cambio más significativo y trascendente fue la eliminación de la “socialdemocracia” de su ideario, para declararse “liberal progresista”. Sin duda ha sido todo un gesto de coherencia política, habida cuenta del decidido carácter neoliberal del programa con que Ciudadanos se presentó a las elecciones generales de diciembre de 2015 (y que endosó al PSOE en su posterior acuerdo), y de su apoyo al Ejecutivo de Rajoy en lo que va de legislatura. En la asamblea la decisión contó con bastante unanimidad: casi un 90% de los compromisarios la refrendó.

Rivera y los suyos han subrayado que, con su nueva definición ideológica, se proponen competir electoralmente con el PP, obviamente por igualación. Por ello quizás no han hecho otra cosa que retroceder en sus demandas de regeneración política desde que, a finales del pasado octubre, Mariano Rajoy fue reelegido presidente del Gobierno con los votos favorables de Ciudadanos: el Ejecutivo no ha puesto en marcha ni una sola de las medidas anticorrupción comprometidas a cambio del respaldo de la formación naranja. Pero con esas concesiones Rivera ha dinamitado al mismo tiempo su principal tarjeta de presentación en la política española.

Puertas adentro, el abandono tácito de la regeneración como objetivo prioritario ha provocado cierto fastidio. Pero mucho más lo ha hecho la eliminación del guiño socialdemócrata del ideario, aunque en su momento no fuese más que otra muestra de oportunismo electoral. Una fracción minoritaria pero suficientemente representativa de la militancia y de los dirigentes de Ciudadanos ha manifestado abiertamente su desacuerdo. Es el caso de Carolina Punset y Mari Carmen Prieto. No sería una novedad en la vida interna de las organizaciones políticas que la centralización del poder y la homogeneización ideológica generen todo lo contrario: divisiones y antagonismos. A Rivera ya le ha costado la pérdida de unos cuantos militantes y cargos públicos, sobre todo locales, como José Enrique Aguar.

Entre los días 10 y 12 de febrero el PP celebró su XVIII congreso con un año de retraso: desde 2004 se venían convocando con carácter cuatrienal. La inédita crisis institucional de 2016, de once meses con un gobierno en funciones, fue la primera razón para posponer el encuentro. Pero si no se hubiese realizado tampoco habría pasado nada. Primero, porque fue un cónclave de pura continuidad, sin decisiones ni giros de especial relevancia. Y segundo, por la esencia autoritaria del Partido Popular, donde la cúpula decide y la militancia obedece, aunque sus dirigentes hayan prometido unas elecciones primarias para la próxima ocasión.

La primera línea de continuidad pasó por la figura del propio Mariano Rajoy al frente del PP, reelegido sin oponentes por un 95,6% de los compromisarios. Ninguno de ellos debió tener en cuenta que Rajoy ha obtenido, uno tras otro, dos resultados electorales entre los peores de la historia de su partido, en diciembre de 2015 y en junio de 2016. Ni tampoco debieron recordar que bajo su mandato la justicia ha abierto por todo el país un tropel de casos de corrupción contra cargos públicos populares. Pese a todo, sigue siendo un presidente indiscutido hasta el punto que su sucesión ni tan siquiera se ha planteado en este congreso, aunque a mediados de 2016 se desataran algunas especulaciones al respecto.

También persisten los responsables populares en la orientación de su política económica. Bajo el lema de “no se debe cambiar lo que funciona bien”, Rajoy y algunos otros han insistido en mantener sus directrices neoliberales, que funcionan muy bien para los más ricos (cuyo renta no ha parado de aumentar bajo las presidencias de Rajoy), pero que van muy mal para el resto de la ciudadanía, como denuncia el Informe sobre el estado social de la nación 2017. Han provocado un empobrecimiento masivo de los españoles, que empieza a preocupar seriamente en la misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El Gobierno cuenta con el aval de Ciudadanos para los Presupuestos Generales del Estado de 2017 (el principal instrumento de la política económica), pero desconoce qué hará finalmente el PSOE (aunque ya ha anunciado su rechazo), al que Rajoy continúa lanzando llamamientos a la “responsabilidad”. Si el presidente no logra la aprobación de esos presupuestos, se abriría la posibilidad de convocar unas elecciones generales anticipadas. Quizás por ello en el congreso del PP ningún interviniente quiso hacer leña del árbol caído de los socialistas.

Otra continuidad ha sido la respuesta oficial de los dirigentes populares ante sus innumerables casos de corrupción, algunos de los cuales afectan directamente a la dirección nacional. Cospedal manifestó un cierto pesar por no haber actuado con más celeridad. Y es que, según la secretaria general y actual ministra de Defensa, no podían creer que eso les estuviera sucediendo a ellos. Una rapidez que sí exhibieron borrando treinta y cinco veces, rayando y rompiendo los discos duros de su corrupto tesorero Luis Bárcenas. El mismo al que Rajoy, también con prontitud, envió a comienzos de 2013 un mensaje con un “sé fuerte”, cuando su caso se destapó en los medios de comunicación.

En una de sus intervenciones congresuales Mariano Rajoy expresó su deseo de que la corrupción pase a formar parte del pasado: una entelequia opuesta frontalmente a la realidad, empezando por la suya propia. Porque poco tiempo después elogió sin cuento a Pedro Antonio Sánchez, presidente de la Comunidad Murciana, que se ha negado a dimitir hasta comienzos de abril pese a encontrase ya imputado por varios delitos en el caso Púnica, como revelación de secreto, fraude, cohecho y malversación. Algo que Alberto Garre, anterior presidente murciano, no ha podido soportar. A finales de marzo solicitó su baja en el PP en una carta dirigida a Rajoy, al que responsabiliza de encubrir la corrupción. Mientras, Pedro Antonio Sánchez no ha renunciado a su acta de diputado y Rajoy sigue confiando en su inocencia.

El capítulo de los cambios se abrió y casi se cerró con la salida de la ejecutiva nacional de algunas caras incómodas por diversos motivos. Una de ellas, José Manuel Soria, lo hizo por la misma razón que hace tiempo abandonó el ministerio de Industria y sus cargos orgánicos en el PP canario: su torpe cadena de mentiras a propósito de una empresa a su nombre radicada en un paraíso fiscal. Hacía mucho que había caído en desgracia. Pero casi todos los demás, como Ana Botella, Juan José Lucas, Alberto Ruiz-Gallardón, o Federico Trillo (con la salvedad del incombustible Javier Arenas) dejaron sus puestos como consecuencia del proceso de “desaznarización” del Partido Popular. Algo a lo que el propio José María Aznar ha estado contribuyendo desde hace tiempo, vertiendo duras críticas contra la actual dirección, desvinculando del PP la fundación que preside (FAES) en octubre del año pasado, y renunciando a la presidencia honorífica del partido en diciembre.

La última novedad organizativa fue la recuperación oficial de la figura del coordinador, recayendo en Fernando Martínez-Maillo, quién de hecho la venía detentando hacía meses. Esta modificación del organigrama directivo supone en la práctica un merma de las funciones de la secretaría general. Pero no pudo evitar que los mismos representantes castellano-manchegos interpusieran una moción contra el acaparamiento de cargos de María Dolores de Cospedal, para sus autores “imposibles de compaginar”: ministra de Defensa, secretaria general, y presidenta del partido en aquella comunidad autónoma. La moción perdió por un estrecho margen, veinticinco votos, lo que provocó algún grito de “¡pucherazo!”. Unas horas después dos dirigentes del PP en Castilla-La Mancha anunciaron su dimisión.

Unos gritos muy diferentes pudieron escucharse en la inauguración del segundo congreso de Podemos: “¡unidad, unidad!”. Su dirección había decidido hacerlo al mismo tiempo que el PP, como un ejercicio de contraposición de ideas, objetivos y formas de organizarse y actuar políticamente. Y al final, de un modo u otro, lo consiguieron, pese a que Vistalegre II se gestó en un ambiente de desunión y enfrentamientos internos. Por un lado, la estructura bicéfala de la cúspide del partido y, por otro, las diferencias (ideológicas, estratégicas y finalmente personales) entre Íñigo Errejón y Pablo Iglesias habían generado suficientes tensiones para que Carolina Bescansa abandonase todos sus cargos en Podemos una semana antes de la asamblea.

La mayoría de los medios había pronosticado puñaladas, rupturas, purgas masivas, y hasta el hundimiento de Podemos. Pero nada de eso sucedió. Iglesias, aunque desigualmente, ganó todas las votaciones. Su candidatura a la secretaría general consiguió un 89% de los apoyos. Su lista para el Consejo Ciudadano obtuvo poco más del 50%. También vencieron sus documentos. El menos votado fue el ético (53%), y el más respaldado (89%) fue el político. Sin duda alguna fue una victoria contundente, pero no supuso un derrota aplastante de Errejón y los suyos, que lograron el 37% de los puestos en el Consejo Ciudadano.

Estos resultados produjeron un efecto de distensión, un “acuerdo de paz”: había sido la principal exigencia de las bases del partido. Y ello fue posible gracias al extraordinario modelo de participación democrática, único en España. Sus militantes pudieron votar por separado a dos candidatos a la secretaría general, a cuatro listas para el Consejo Ciudadano, y a los también cuatro documentos (organizativo, de igualdad, ético, y político) presentados por las anteriores listas. La participación alcanzó cifras asimismo desconocidas: más de 150.000 votantes y 9.000 asistentes (dos mil más que en la primera asamblea, de 2014). La democracia directa permitió la manifestación de la diversidad de Podemos, pero también la integró en sus órganos de gobierno y en la definición de sus políticas. Todo lo sucedido estuvo muy lejos de las purgas que tantos vaticinaron.

Aunque sí se registraron algunos cambios con consecuencias directas para Íñigo Errejón. Por un lado, desapareció la secretaría política, que él mismo había ocupado hasta la asamblea. Esta modificación del organigrama del partido finiquitó la bicefalia que lo había caracterizado desde su fundación. Y, por otro lado, la portavocía del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, igualmente representada por Errejón desde las elecciones de 2015, pasó a manos de Irene Montero.

Obviamente, esas reformas han significado una pérdida de influencia para el “número dos” de Podemos. Pero en absoluto han implicado su desaparición, ni la expropiación de todas sus funciones. Además de mantener su presencia en el Consejo Ciudadano, Errejón también estará en el nuevo comité ejecutivo (que acompaña al secretario general), ocupándose de la secretaría de análisis estratégico y cambio político, tarea a la que se venía dedicando desde 2014. Y además será el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid para las elecciones autonómicas de 2018. Aún le queda mucho futuro político.

Otras modificaciones salidas de Vistalegre II han estado dirigidas a una reorganización del poder dentro de Podemos. Por una parte se ha potenciado el papel de los círculos locales, de acuerdo con las demandas expresadas por muchos de ellos antes del congreso, consolidándose así la descentralización del partido. Y, por otra parte, se han reforzado las competencias del secretario general, quién podrá consultar a las bases si el Consejo Ciudadano no lo respalda en alguna actuación. En cualquier caso, la democracia interna ha salido ganando.

Y también lo ha hecho la agilidad de Podemos frente a la coyuntura política más inmediata. Así, nadie podrá acumular más de dos cargos, uno interno y otro en alguna institución pública. De este modo se asegura una mayor distribución de responsabilidades entre la militancia, pero también una mejor ejecutoria de las mismas. Además, se ha creado un “gobierno paralelo” (al modo británico) en el que estarán Monedero y Bescansa entre otros, para aumentar el seguimiento de la actividad del Ejecutivo de Rajoy y la capacidad de respuesta de Podemos a las decisiones gubernamentales. Y se ha puesto el acento en que los diputados y diputadas se convierten en catalizadores de la movilización social.

Por supuesto, los resultados más inmediatos de Vistalegre II no han estado exentos de críticas internas. Las más significativas podrían ser tres. Algunos dirigentes han expresado se desacuerdo con que Pablo Iglesias vinculase las personas a las propuestas, cuando anunció que no aceptaría la secretaría general si sus documentos no salían vencedores en las correspondientes votaciones. Asimismo, señalan que esas votaciones no estuvieron precedidas por un auténtico debate de ideas. Y finalmente lamentan que, según ellos, se haya perdido una gran oportunidad para seguir construyendo un modelo de partido distinto de los tradicionales, en cuanto a su estructura organizativa y a su dinámica de funcionamiento.

En cierto modo el PSOE se enfrenta a una problemática similar, aunque de connotaciones amplificadas y mucho más dramáticas para el propio partido y para los españoles en general. Y ni tan siquiera está claro que el XXXIX congreso federal, previsto para los próximos 17 y 18 de junio, ni las primarias anteriores de finales de mayo, traigan consigo una solución duradera al profundo bache que está atravesando. No existe un acuerdo unánime sobre cuándo comenzó la crisis de la socialdemocracia en Occidente. Algunos señalan la primera década de este siglo, otros lo sitúan al final de los años 70, y con más perspectiva histórica también se podría ubicar en el comienzo de la Gran Guerra: todo depende de los criterios que se empleen para ello. Pero existe un consenso casi absoluto acerca del cómo: abandonando sus posiciones de izquierda para asumir y practicar principios y políticas neoliberales.

Aunque en España ese proceso empezó durante la era de Felipe González, los acontecimientos desencadenados a partir del crack financiero de 2008 constituyen un ejemplo paradigmático y condensado en el tiempo. Sus medidas neoliberales y antipopulares, destinadas a afrontar el hundimiento de la burbuja inmobiliaria y financiera, condujeron al PSOE a encadenar los peores resultados electorales de su historia reciente en 2011, 2015 y 2016. Así lo testimonió a finales de 2011 un nutrido grupo de dirigentes, firmantes de un manifiesto en que reconocían -entre otras autocríticas- que “los socialistas nos hemos ido dejando parte de nuestra credibilidad en el camino […] Cuando aplicamos, ciertamente obligados, políticas contra la crisis ajenas a nuestra orientación ideológica y a nuestros valores…” Se debería añadir que, de paso, abrieron las puertas al saqueo del pueblo español que está perpetrando el PP de Mariano Rajoy desde finales de 2011.

Pero, mientras José Luis Rodríguez Zapatero todavía ocupaba la presidencia del Gobierno, se desarrolló un espectacular movimiento social que no sólo cuestionaba aquellas políticas sino “el sistema” en su conjunto, incluyendo la Constitución de 1978. Cuando tres años después el movimiento de los Indignados se sustanció políticamente en Podemos comenzó el declive del modelo bipartidista vigente en España desde 1979. Las elecciones generales de 2015 revelaron en qué medida el bipartito ya estaba seriamente dañado. El PP quedó bastante lejos de la mayoría absoluta y Podemos pasó a ser la tercera fuerza política del país muy cerca del PSOE, pese a la feroz campaña mediática y política desatada contra ellos desde su fundación.

De modo que, a esas alturas, ya no sólo estaban en peligro el bipartito (el “PPSOE”, como lo denominaron los Indignados) y, con él, la estabilidad del régimen. Igualmente lo estaba la hegemonía política del neoliberalismo en España: dos elecciones generales consecutivas y once meses sin poder formar un gobierno dan cuenta de ello. Los socialistas se encontraron entre la espada de salvar su partido y la pared de apuntalar el sistema. Así que, a comienzos de octubre, la élite del PSOE optó por lo segundo, haciendo dimitir a Pedro Sánchez (el primer secretario general socialista elegido por las bases en unas primarias) porque se negaba a facilitar la investidura de Rajoy. A finales de mes, Mariano Rajoy conseguía la presidencia gracias a la abstención de gran parte del grupo parlamentario socialista.

Con esa decisión los dirigentes del PSOE aumentaron su bajón electoral: siguen cayendo en los sondeos de intención de voto. Asimismo provocaron una fractura interna de dimensiones aún desconocidas, agravada por las ulteriores acciones punitivas contra los pocos diputados díscolos que continuaron rechazando a Rajoy. Y generaron una profunda crisis de liderazgo y de identidad. Las elecciones primarias de mayo y el posterior congreso de junio permitirán conocer mejor el alcance de las divisiones intestinas de los socialistas y, al mismo tiempo, deberían contribuir a superarlas y a mejorar su posición en las encuestas. Pero en este caso la dinámica histórica aparenta ser inexorable, y en el futuro a corto plazo del partido se aprecian más sombras que luces.

A la convocatoria de mayo se presentan tres candidatos: Susana Díaz, Patxi López, y Pedro Sánchez. La primera formó parte activa del golpe de timón que hizo dimitir a este último el año pasado. Por tanto, representa la continuidad de la deriva neoliberal de la socialdemocracia hispana: preside la comunidad andaluza con la ayuda de Ciudadanos y cuenta con el beneplácito de gran parte de los nomenclatura histórica y actual de su partido, y hasta del PP: es la aspirante favorita del sistema. Y, según todas las encuestas, así también la perciben los votantes del PSOE, entre quienes figura como la candidata que despierta menos simpatía.

Mejor situado en esos sondeos se halla Patxi López. Igualmente estuvo en aquel lamentable (para todos los actores) comité federal. Después se mostró contrario a la investidura de Mariano Rajoy, proponiendo el voto negativo de la bancada socialista del Congreso. Sin embargo, siete años atrás (en mayo de 2009) fue elegido presidente del gobierno vasco con el favor del PP y de UpyD (y contra lo prometido en la campaña electoral) para impedir la formación de un nuevo ejecutivo nacionalista. Se presenta como una “tercera vía” (entre Díaz y Sánchez) en la carrera por las primarias, pero los simpatizantes del PSOE lo sienten aún demasiado cercano al PP para ser su favorito.

El último pretendiente a la secretaría general, Pedro Sánchez, arrasa literalmente en las encuestas. Tras su dimisión se ha rearmado virando aparentemente a la izquierda y apostando por llegar a un acuerdo de gobierno con Unidos Podemos. Por ello tiene en su contra a gran parte del aparato del PSOE y, cómo no, a muchos medios de comunicación. Pero queda por saber si contará con el mismo atractivo entre los afiliados que entre los votantes.

En el dominio de las conjeturas, algunos análisis destacan que, para los socialistas con carné, puede pesar más el interés por sellar las diferencias internas que por ganar unas elecciones generales. Y para eso Susana Díaz se está postulando como la mejor candidata, si bien el soporte con que cuenta Sánchez no es intranscendente. Por tanto, la victoria de una u otro no debería suponer necesariamente el fin del conflicto que divide a la familia socialista.

Así, Susana Díaz dirigiendo el partido sería muy bien aceptada por la nomenclatura socialista más claramente comprometida con la expansión del neoliberalismo y, desde luego, con el sistema. Sin embargo, todos los indicios apuntan a que fracasaría electoralmente, más incluso que en 2016, lo que tampoco contribuiría a superar la confrontación familiar. A la inversa, Pedro Sánchez tiene más posibilidades de reflotar electoralmente al PSOE si mantiene su rumbo izquierdista y, por tanto, de cicatrizar muchas de las heridas. Pero, aún siendo elegido en las primarias, debe ser ratificado por un comité federal netamente antisanchista. Lo más probable es que sea finalmente rechazado. Con ello, la fractura interna se agravaría y podría producirse una escisión definitiva en el PSOE.

Más improbable parece que ese mismo comité confirme a un Pedro Sánchez mayoritariamente elegido por los afiliados. En ese caso se produciría un vuelco espectacular en la arena política española: el tres (PP, PSOE y Ciudadanos) contra uno (Unidos Podemos) predominante hasta ahora se transformaría en un dos contra dos. Sería una alianza “a la portuguesa” que, de paso, permitiría al PSOE cerrar su crisis de identidad. Pero, eso sí, dejaría de ser el partido de Felipe González, Alfonso Guerra, José Luis Rodríguez Zapatero y tantos otros. Y eso resulta del todo inverosímil.

En conclusión, y volviendo exclusivamente sobre los hechos, los congresos hasta ahora celebrados (y seguramente el del PSOE también lo hará) han servido en primer lugar para definir con más nitidez los perfiles e identidades de esas fuerzas políticas. Ciudadanos ha enmendado su ideario hacia la derecha y ha consolidado el papel de liderazgo personal de Albert Rivera. Pero la organización no ha salido ganando porque su asamblea ha agrandado las diferencias internas y ha provocado la salida de algunos destacados militantes: el “partido de la regeneración” se está desinflando lentamente.

El PP por su parte se ha retratado como el “partido de la corrupción”: las cínicas palabras de Cospedal sobre el asunto constituyen una prueba difícilmente refutable. Asimismo ha reafirmado su vocación de mejor representante político de los intereses oligárquicos, especialmente los financieros. Y, a imagen y semejanza de su modelo social, ha reforzado su naturaleza autoritaria vertebrada mediante relaciones personales de confianza. Sin embargo, la organización en sí no ha salido victoriosa de su congreso, porque su desarrollo ha generado cierta contestación interna y dimisiones.

Finalmente, Podemos ha terminado su asamblea bastante mejor que la empezó, solventando la confrontación interna de forma integradora y democrática. También ha salido de Vistalegre II pareciéndose algo más a los partidos tradicionales en su estructura organizativa. Pero sus prácticas radicalmente democráticas continúan siendo genuinas, y sus aspiraciones de gobierno y de finiquitar la hegemonía del neoliberalismo en España siguen intactas.

En segundo lugar, y al margen de lo que suceda con el PSOE, los congresos de febrero no han alumbrado una recuperación del sistema bipartidista español. Primero, porque las fuerzas que lo conforman no han salido más fuertes de ellos, incluyendo a Ciudadanos en el juego. Segundo, porque han persistido (cuando no acentuado) en los motivos que condujeron a esa crisis: más neoliberalismo, más desigualdad y menos democracia. Y tercero, porque Podemos, principal agente de la erosión del bipartito, ha descrito una inflexión en su trayectoria de los últimos meses, superando su bache interno, reconfigurando su organización, y confirmando su vocación transformadora. La estabilidad que tanto exigió la Comisión Europea antes del 20 de diciembre de 2015 no se observa en el horizonte más próximo de la vida política española.

Por último, la crisis del régimen en su conjunto tampoco parece que vaya a diluirse. Atizado por el alarmante aumento de la pobreza y de la corrupción, por la incapacidad de la monarquía para dar una respuesta dialogada al (por momentos menguante) proceso soberanista catalán, y por la creciente convicción de que la justicia definitivamente no es igual para todos (a la que ha contribuido notoriamente la sentencia del caso Nóos) el desafecto popular por la monarquía continúa. La mejor evidencia es que, tras varios suspensos consecutivos, en 2015 el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) retiró de sus barómetros mensuales la pregunta sobre la confianza en la monarquía y no ha vuelto a incluirla. De cualquier modo, parece ser un sentimiento mutuo. Ignorando el enorme sufrimiento que aflige a millones de españoles, en sus intervenciones públicas el monarca no cesa de alabar la “indudable recuperación económica española” con un optimismo equiparable únicamente al de los dirigentes del PP: no aparenta ser el rey de todos los españoles. La guerra continúa.

Domingo Marrero Urbín

(Colaborador de O Olho da História)

Las Palmas de Gran Canaria, abril de 2017

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