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Por qué Cataluña no será independiente… esta vez. ¿O sí?

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Fuente: Finestra d’Oportunitat (http://finestradoportunitat.com/normativismo/)

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Ha sido todo un acierto denominar “pulso” al proceso soberanista catalán, porque efectivamente se trata de una confrontación entre dos fuerzas opuestas. Pero, contra lo que pudiera parecer, en ese pulso el tamaño no importa. El más grande no es necesariamente el más fuerte, como han puesto de manifiesto los casos de Estonia, Montenegro, o Kosovo. Ni tampoco los tiempos que corren suponen un obstáculo: cualquier tiempo es bueno para independizarse. Entre 1990 y 2008 han nacido doce estados nuevos en Europa, sin contar las también neonatas repúblicas del Cáucaso, varios de ellos más pequeños que Cataluña territorial, demográfica y económicamente, y con una “legitimidad histórica” no mayor (cuando no menor) que la catalana. En conjunto esas independencias revelan los diversos factores, exógenos y endógenos, que hacen viable (o inviable) un proceso secesionista.

Por una parte es necesario que esas aspiraciones independentistas cuenten con el suficiente respaldo internacional. Pero éste no es un factor cuantitativo, sino cualitativo: la República Árabe Saharaui Democrática ha sido reconocida por más de cincuenta países alrededor de todo el Globo y ya se sabe en qué condiciones malviven sus ciudadanos. Hasta que los Estados Unidos de Norteamérica y Francia no la reconozcan, los saharauis seguirán atascados en los campamentos del desierto.

Ése es el primer problema de la “República Catalana”. El Secretario General de la ONU ya ha declarado que Cataluña no forma parte de los territorios que las Naciones Unidas consideran legitimados para reclamar su independencia, porque no fue colonizada en la última oleada imperialista europea que sometió medio mundo (y especialmente África) entre mediados del siglo XIX y mediados del XX. Con todo, este argumento aún no sería suficiente: el Sáhara Occidental sí fue declarado “Territorio No Autónomo” (TNA) por el Comité de Descolonización de la ONU y en la práctica de muy poco le ha servido. Aunque, paradójicamente, ese trámite no fue necesario para los doce nuevos países europeos: ninguno de ellos había sido declarado TNA.

Así que el respaldo internacional en realidad no obedece al Derecho, sino básicamente a los intereses de las grandes potencias. Por eso el Gobierno de Rajoy ha buscado el pronunciamiento explícito de los Estados Unidos y de Alemania sobre el conflicto. Y Obama y Merkel han sido bastante taxativos: la “República Catalana” no tiene cabida en la comunidad de naciones.

Sin embargo, Croacia y Eslovenia corrieron con más suerte a comienzos de 1992, cuando la República Federal Alemana las reconoció como estados soberanos tres semanas antes que la Comunidad Económica Europea. Fue el colofón de una campaña alemana, europea y occidental para finiquitar el último régimen socialista de Europa. Y el precio que debían pagar los “afortunados” ciudadanos de los nuevos Estados ha sido siempre un asunto secundario. Es el caso de Kosovo, donde todos los partidos políticos (antes y después de su independencia en 2008 con el beneplácito estadounidense) no son más que una fachada de la mafia albanesa-kosovar, según el comisario de policía francés Jean-François Gayraud (El G-9 de las mafias en el mundo, 2007). Pese a ello y al rechazo de muchos países (como España, Rusia, China o India) la ONU consideró legal esa declaración de independencia dos años después de producirse.

Así pues, sin el caprichoso soporte internacional la independencia catalana parece poco probable. Y es que, por otra parte la España de 2015 no es un Estado en plena descomposición, como lo fue la antigua Yugoslavia de finales de los 90, o la URSS de finales de los 80, si bien tampoco se encuentra en su mejor momento.

De hecho la Monarquía Parlamentaria y el sistema bipartidista que la ha venido manteniendo desde 1978 no habían sido tan cuestionados social y políticamente como lo están siendo desde el estallido de la crisis en 2008. Las políticas del PSOE y del PP favorables al capital financiero internacional y nacional y a las grandes empresas y fortunas han hundido en la pobreza a millones de españoles que contemplan cómo los ricos son cada día más ricos, y en un ambiente de corrupción política absolutamente intolerable. La consiguiente respuesta social (Democracia Real Ya, 15M, los Indignados, las Mareas…) y su posterior cristalización política (Podemos y las diversas plataformas ciudadanas) mantienen en su horizonte la Tercera República, y en las últimas elecciones locales y autonómicas han dado un buen zarpazo al bipartidismo.

El malestar social con el sistema es tan evidente que el PSOE y Ciudadanos han incluido una reforma constitucional en sus programas para las próximas elecciones generales del 20 de diciembre, aunque cada uno haga propuestas muy distintas. Y alguna flaqueza ha debido sentir el Gobierno del PP cuando se ha apresurado a formalizar un “bloque constitucionalista” junto al PSOE y a Ciudadanos para hacer frente al reto secesionista catalán. En votos contantes y sonantes esas tres fuerzas políticas representan una mayoría social abrumadora. Y, aunque Podemos ha declinado integrarse en el “bloque constitucionalista” y respeta el derecho a decidir de los catalanes, sus dirigentes han reiterado que prefieren a Cataluña dentro de España.

Por tanto, y a falta de un referéndum que lo corrobore, el rechazo político y social a la independencia catalana en el resto de España es mayoritario, lo que hace inviable en el momento actual una salida del problema a la checoslovaca. En 1993 Chequia y Eslovaquia acordaron pacíficamente su separación. En aquel tiempo la opinión pública de ambas comunidades se hallaba dividida casi a partes iguales entre los simpatizantes y los detractores de la escisión.

Eso es lo que sucede exactamente en Cataluña, donde las fuerzas independentistas han obtenido una estrecha mayoría absoluta en las elecciones autonómicas celebradas a finales del pasado septiembre, con un respaldo social muy próximo, aunque menor, al 50% de los votantes. Esas fuerzas habían dado un carácter plebiscitario a la convocatoria. Así que, para el Gobierno de España y el “bloque constitucionalista”, sus resultados restan legitimidad a los planes separatistas.

Pero el verdadero problema no es la división a partes casi iguales de la sociedad catalana, sino que los partidos secesionistas se hallan igualmente fraccionados entre la coalición burguesa (Junts pel Sí, con sesenta y dos diputados) y la CUP (Candidatura d’Unitat Popular), un movimiento asambleario de izquierdas. La CUP consiguió solamente diez escaños, pero éstos resultan imprescindibles para sumar la mayoría en el Parlamento de Cataluña. Por el momento, sus diferencias están impidiendo la investidura de Artur Mas como Presidente de la Generalidad, debido a los casos de corrupción que lo amenazan a él, a su partido, y a Jordi Pujol, también Presidente de la Generalidad durante más de dos décadas (entre 1980 y 2003). Pero no han frenado la aprobación de una resolución secesionista en el Parlament el pasado 11 de noviembre.

La respuesta del Tribunal Constitucional (TC) y del Gobierno de España ha sido inmediata, suspendiendo de aplicación la resolución separatista y señalando los altos cargos de la Generalidad que podrían ser igualmente suspendidos en sus funciones si desoyen el dictamen del TC. Así, los primeros pasos en la escalada de este conflicto ya están dados. Y todo apunta a una derrota final de las pretensiones catalanas. Sin respaldo internacional, contra un “bloque constitucionalista” aparentemente sólido, con una sociedad dividida entre no independentistas y separatistas, y con éstos igualmente fraccionados entre Junts pel Sí y la CUP, la fundación de la “República Catalana” parece sobre todo una entelequia inalcanzable.

Pero si hay algo que caracteriza esencialmente a los conflictos es que, una vez desatados, poseen su propia dinámica. Las fortalezas de los unos pueden convertirse en sus principales debilidades, y las flaquezas de los otros pueden transformarse en sus mejores arietes. Así, un hipotético escenario de represión creciente, con la suspensión (y obligada detención) de unos cuantos dirigentes catalanes o la también suspensión de su régimen autonómico aplicando el artículo 155 de la Constitución española, podría alterar drásticamente el curso del conflicto en favor de la secesión.

Las autoridades españolas son muy conscientes de ello: no paran de subrayar el carácter “proporcional” de su respuesta a las presentes y futuras decisiones de las autoridades catalanas. Lo que reconocen las voces más serias es que el “cisma” político ya se ha producido, y ello no deja de ser una primera victoria de las tesis secesionistas.

Una escalada represiva del Estado podría limar las diferencias entre la CUP y Junts pel Sí. También podría radicalizar el movimiento separatista, y ya lo está haciendo: en el último sondeo posterior a las elecciones catalanas del 27S ha aumentado sensiblemente la intención de voto a la CUP. Igualmente puede acrecentar la masa social partidaria de la independencia, que ha subido un punto porcentual desde el 27S. Y podría decantar al electorado y a los dirigentes catalanes de Podemos (Catalunya Sí que es Pot, con once escaños) a favor de la separación. Entonces, el soberanismo alcanzaría una mayoría indiscutible en las Cortes y las calles catalanas.

De la misma manera la escalada represiva debilitaría las posiciones antiseparatistas en el resto de España. No sólo crecería la simpatía por la causa catalanista entre los votantes de Podemos, de Izquierda Unida (IU), y de una serie de fuerzas políticas menores de carácter nacionalista repartidas por todo el territorio español. Asimismo podría deteriorar el “bloque constitucionalista”, provocando (cuando menos) severas dudas sobre su inclusión en él entre los dirigentes de un PSOE que lleva bajo el brazo una propuesta de Constitución Federal para las próximas elecciones generales del 20 de diciembre: el federalismo y la represión aparentan ser poco conciliables.

Finalmente, el hipotético endurecimiento de la represión gubernamental contra un movimiento separatista social y políticamente consolidado podría provocar un giro en la visión internacional del conflicto, incluso en Europa, donde las sociedades y la opinión pública encontrarían suficientes motivos para alinearse con las tesis soberanistas. Al fin y al cabo Cataluña es la “España más europea”, según muchos ciudadanos españoles que han experimentado la sensación de “entrar en Europa” cuando han visitado Cataluña por primera vez. Mientras que España representa para muchos la Europa menos democrática. Aunque la mayoría de los medios españoles apenas si le ha dado difusión (o al menos la que merece) el Estado español no tiene muy buena prensa fuera de las fronteras nacionales en lo que se refiere al respeto de los Derechos Humanos.

La ONU, la OSCE, la UE y organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, y hasta Greenpeace llevan varios años criticando insistentemente a las autoridades españolas por diversos motivos, exigiéndoles un cambio radical en sus políticas. La ley electoral, los recortes en servicios sociales, sanidad y educación, el trato gubernamental que reciben los inmigrantes indocumentados (especialmente los africanos), la violenta represión de los movimientos sociales (incluyendo la “ley mordaza”), la lentitud de la justicia sobre todo en los casos de corrupción, la intromisión partidista en la composición de los órganos del poder judicial, el ninguneo sistemático de los desaparecidos durante el franquismo y de sus familiares, y el compromiso del actual régimen con la dictadura franquista negándose a derogar la ley de amnistía de 1977, que la ONU considera del todo ilícita, han hecho de España uno de los países menos democráticos de Europa ante la comunidad internacional.

Sin represión el proceso soberanista catalán proseguirá su desarrollo. Pero su persecución probablemente conseguiría sumarle fuerzas en el interior de Cataluña y de España, y también en el exterior. Suele situarse el origen más inmediato de este fenomenal lío en la sentencia del TC del año 2010 contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña, declarando inconstitucionales catorce artículos y reinterpretando otros veintisiete. El proyecto de nuevo Estatuto había sido aprobado en 2006 por una mayoría abrumadora en el Parlamento de Cataluña y posteriormente por el Congreso de los Diputados y el Senado de España tras varias modificaciones. Pero el PP interpuso de inmediato un recurso de inconstitucionalidad que finalmente ganó, afectando a un 20% del articulado.

Pero también hay una opinión socialmente muy extendida que quiere ver en el proceso soberanista una táctica evasiva de Convergencia Democrática de Cataluña y de Esquerra Republicana de Cataluña (Junts pel Sí) para eludir la acción de la justicia en las causas por corrupción abiertas últimamente contra unos cuantos de sus dirigentes. Éstos, a su vez, atribuyen a esas causas judiciales la finalidad de desprestigiar y erosionar el movimiento separatista por parte del Estado español. En cualquier caso, esta vía del conflicto podría resultar igualmente explosiva para las dos partes: Jordi Pujol ha amenazado con sacar a la luz documentación suficientemente demoledora para tumbar literalmente todo el sistema de la Monarquía Parlamentaria.

Puede haber algo de cierto en todo ello. Pero es absolutamente innegable que el PP está obteniendo un buen rédito político del conflicto. Por un lado ha desplazado de las cabeceras de los informativos y de las portadas de los diarios los numerosos y flagrantes casos de corrupción a que se enfrentan decenas de sus dirigentes por todo el país. Y por otro lado está mejorando sensiblemente sus expectativas de cara a la convocatoria electoral del 20 de diciembre, aumentando su intención de voto en casi cinco puntos desde el pasado mes de marzo, en un contexto general de ascenso de la derecha política.

Sea como fuere, las perspectivas son poco halagüeñas, sobre todo para los detractores de la secesión catalana. Una nueva victoria del PP en los comicios generales y su revalidación en el Gobierno con el apoyo de Ciudadanos (cuya propuesta de reforma constitucional supone el reforzamiento de las competencias estatales frente a las Autonomías) no haría otra cosa que profundizar en el conflicto. El nuevo Ejecutivo se sentiría avalado socialmente para aumentar la represión del separatismo, con las consecuencias que ello supondría.

Desde el Gobierno suele acusarse a los dirigentes independentistas de no estar dispuestos a dialogar. Pero lo cierto es que los intereses inmediatos de todas las partes están alimentando el proceso separatista. Y un escenario alternativo, la victoria de las posiciones federalistas representadas por el PSOE, Podemos e IU y su aceptación por el independentismo catalán, probablemente sólo aplazaría el nacimiento de la “República Catalana”. A menos que esa España federal diese suficiente cobijo y satisfacción a sus aspiraciones. Pero eso parece bastante improbable por el momento, porque la Monarquía y los grupos sociales que la sostienen (y viceversa) siguen teniendo en la “unidad de España” uno de sus principios fundamentales e irrenunciables.

Así que los españoles pueden encontrarse finalmente ante una gran disyuntiva histórica: renunciar al régimen actual en favor de la “República Federal de España”, o renunciar a Cataluña en favor de un régimen que ha dejado en la cuneta económica y social, y sin hogar, a millones de españoles siguiendo instrucciones directas de Berlín, y que se niega a recuperar de las cunetas de la historia a decenas de otros miles de españoles allí enterrados por la dictadura que lo parió. Podría ser una oportunidad extraordinaria.

Domingo Marrero Urbín

Las Palmas de Gran Canaria, noviembre de 2015.

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Comentarios»

1. Nory - 27 noviembre, 2015

Gracias Domingo.

Domingo - 27 noviembre, 2015

¡Gracias a ti, Nory!


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