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Mirar hacia el futuro; mirar hacia el pasado

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Ésta es la disyuntiva a la que deben enfrentarse las naciones cuando dejan atrás una dictadura, un régimen inhumano y, por tanto, éticamente aborrecible. Es el dilema que debió resolver la España de la segunda mitad de los años 70, y el que varias naciones de América Latina están afrontando en los últimos veinte años.

Mirar hacia el futuro fue la opción de los españoles de la Transición (aunque también los hubo partidarios de la “ruptura democrática”). Y no cabe duda que fue una buena idea: la monarquía parlamentaria de la Constitución de 1978 ha sido el régimen democrático más duradero que ha disfrutado España en toda su historia, pese a las diversas tensiones y graves dificultades que ha debido solventar.

Fijar la mirada en el porvenir implica el perdón y la reconciliación. Y, en cierto modo, reclama la unidad de todos para construir unos tiempos venideros mejores, obviamente también para todos. Seguramente José Mujica, presidente de la República Oriental del Uruguay, contará con estos valores entre sus razones para mirar hacia el futuro en el momento de derogar una ley de amnistía para los secuaces de la dictadura que asoló su país hasta el año 1985. La humildad, integridad y valor del presidente (y su propia historia personal) hacen de él un hombre muy respetable y un político inusual hoy en día, cuyas opiniones merecen ser escuchadas con mucha atención.

Sin embargo, el senado uruguayo finalmente la ha derogado, volviendo su mirada hacia el pasado con rotundidad. Ha decidido seguir la senda que, de otras maneras, han iniciado también Argentina y Chile. Aunque España, una vez más, no la ha querido transitar, sentando en el banquillo de los acusados al único juez con valor para investigar los crímenes del franquismo contra la humanidad. Lo acusan de “revolver el pasado”, como a los colectivos de recuperación de la memoria histórica que se han ido organizando en los últimos años.

Mirar hacia el futuro reúne todos aquellos valores, pero se fundamenta en una falsa premisa histórica. Tras una dictadura como la franquista, la de Pinochet, la de la Junta Militar argentina, o la de Stroessner en Paraguay no hay un “año cero”, no hay una inocente “casilla de salida”. Lo que queda es el paisaje de después de la barbarie. Queda la inmensa riqueza de una minoría y la enorme pobreza de la mayoría. Queda la exclusión por mil motivos y la injusticia gravada a fuego. Queda la ignorancia (las  dictaduras nunca hicieron migas con la cultura) y el miedo.

En síntesis queda la continuidad de todo aquello que el totalitarismo creó y que el perdón, la reconciliación y el interés por el porvenir no cuestionaron. Y no sólo “quedan”, sino que se convierten en elementos constitutivos y productores de ese futuro. Por eso, aunque treinta y dos años después a España “ya no la conoce ni la madre que la parió”, sigue arrastrando uno de los niveles más altos de ignorancia y desigualdad de toda Europa. Por eso, los sistemas de legitimación social más importantes, el educativo y el judicial, hacen agua por todas partes. Por eso, el principal partido conservador del país no ha reprobado la dictadura franquista en sede parlamentaria, ni española ni europea. Y por eso, la iglesia católica se resiste a perder el poder que retuvo con la Transición, aunque España sea nominalmente un estado laico.

No es posible fraccionar la historia en un antes y un después sin vínculo alguno entre ellos, ni aún arrasando el paisaje de después de la dictadura con un bulldozer. Es imposible evitar que el pasado subsista en el futuro. Pero sí es posible deslegitimarlo completamente, sentando en el banquillo a sus perpetradores, para que no puedan reclamar ni un solo segundo del porvenir.

¿Podría ser de otra manera? ¿Cuánta tolerancia merecen los peores asesinos de la historia, aquellos que han cometido crímenes contra la humanidad? Según las leyes y las instituciones internacionales, ninguna. Por eso, la ley de amnistía española, como la uruguaya, no posee reconocimiento jurídico internacional alguno. La diferencia es que el parlamento español la aprobó en 1977. Y esa ley de tolerancia con los criminales franquistas no sólo legitimó ese pasado, sino que le sigue insuflando vida en el futuro. La suficiente para convertir a Garzón en un criminal, como a las muchas decenas de miles de inocentes que fueron detenidos, torturados, asesinados y desaparecidos injustamente.

Y aún quedaría un espacio para esa tolerancia si los criminales contra la humanidad fueran una especie en extinción. Pero hoy como nunca campan a sus anchas, disfrazados de muy democráticos, y sometiendo a una feroz persecución a quiénes osan tan sólo dar a conocer sus crímenes. Por eso, cualquier ocasión para hacer justicia, aunque sea con uno solo de ellos, no puede ser desaprovechada. Para poder encarar el futuro sin temor.

Las Palmas de Gran Canaria, abril de 2011.

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