jump to navigation

La trama arrolló al bus

Versión PDF

Cuando el pasado lunes 17 de abril el “Tramabús” de Podemos inició su recorrido por las calles de Madrid para visibilizar a “quiénes gobiernan sin presentarse a las elecciones”, la reacción de los principales partidos y de muchos medios de comunicación osciló entre una airada crítica y una jocosidad burlona. A unos les parecía inaceptable mezclar churras con merinas metiendo en el mismo saco a “personajes” como Bárcenas y “personalidades” como Felipe González. Para otros sólo cabía mofarse de una iniciativa destinada a exagerar y falsear la realidad: ¿trama, qué trama?

Durante dos jornadas el Tramabús estuvo ocupando tiempos y espacios informativos seguramente más allá de lo que merecía por sí mismo, ya fuera porque había aparcado en doble fila o porque había sufrido una avería. Pero el miércoles 19, efectivos de la Guardia Civil, siguiendo instrucciones del juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional, desencadenaron la “Operación Lezo”, llevando a cabo una serie de detenciones y registros en varios domicilios particulares y sedes de empresas, privadas y públicas.

Menos de una semana después el número de personas imputadas superaba el medio centenar. Entre ellas se cuentan decenas de empresarios, unos cuantos responsables de sociedades públicas y, por supuesto, varios elementos del Partido Popular y sus familiares. La diversidad de actividades ilegales (dentro y fuera de España) y la cantidad de personas y entidades implicadas han aconsejado a Velasco incluir el delito de “organización criminal” en el sumario y aseguran un largo proceso de consecuencias aún imprevisibles.

De momento, a los seis días ha forzado una nueva dimisión de Esperanza Aguirre, porque el protagonista indiscutible de este caso, Ignacio González, la ha acompañado invariablemente a lo largo de su extensa carrera política: en la dirección del PP madrileño, en el ayuntamiento de la capital, en el ministerio de Educación, y en la comunidad autónoma, que presidió desde 2012 hasta 2015 precisamente en sustitución de su mentora. Asimismo, además de otros muchos cargos, ocupó durante un lustro la secretaría general de su partido en Madrid hasta el año pasado y la presidencia de Canal Isabel II (la empresa pública de abastecimiento de agua) entre 2003 y 2012.

El desempeño de esas funciones le permitió forjar (presuntamente) una organización delictiva con el fin de financiar ilegalmente su partido y lucrarse personalmente junto a una serie de empresarios. Por una parte, mediante el cobro de comisiones a determinadas firmas privadas a cambio de adjudicarles obras y servicios especialmente a la comunidad de Madrid y a Canal Isabel II. Por otra, haciendo que dicha compañía adquiriese otras sociedades en el extranjero a un precio muy superior al real. Todo a costa de los bolsillos de los ciudadanos madrileños.

Ya en 2009 el diario Público difundió algunos contenidos de un supuesto informe secreto del PP acerca de los negocios particulares y familiares de Ignacio González. Más tarde, en 2011, fue objeto de una investigación policial a propósito de la adquisición de un lujoso ático en Marbella, que concluyó con su imputación por prevaricación y cohecho el año pasado. Y en 2015 fue investigado en el marco de la “Operación Púnica” y también por un presunto fraude en que se vio envuelta la empresa Indra, igualmente beneficiaria de algunas de aquellas adjudicaciones.

Hasta este punto aparenta ser un nuevo y gigantesco episodio de corrupción política y empresarial del PP, de unas dimensiones similares o superiores a los casos Gürtel y Púnica. Pero, a medida que se van conociendo nuevos datos de la investigación (escuchas telefónicas incluidas), el caso adquiere una magnitud diferente. Trasciende los límites de la mera delincuencia para adentrarse en un territorio más inquietante: el de las actividades y relaciones generalmente opacas (ilícitas o lícitas, pero siempre éticamente reprobables) entre los distintos grupos de poder del país (socioeconómicos, políticos y mediáticos) para perpetuar su hegemonía.

En el círculo más reducido, el de los acusados, se encuentran tres empresarios muy representativos. Uno es Juan Miguel Villar Mir, ingeniero de 75 años, dueño de la constructora OHL. Su vocación empresarial fue más bien tardía: nació en los años 80. Décadas atrás hizo carrera política durante el segundo franquismo, que culminó como ministro de Hacienda en el último gobierno de la dictadura (y el primero de Juan Carlos) presidido por Carlos Arias Navarro entre finales de 1975 y mediados de 1976. El marqués de Villar Mir, que acumula hasta cinco “grandes cruces” y es miembro numerario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, ya había sido encartado en el sumario de “los papeles de Bárcenas”, aunque fue finalmente desimputado por el juez, a igual que los demás empresarios implicados en aquel caso.

Otro es su yerno, Francisco Javier López Madrid, cómo no, consejero de OHL. Ya fue condenado anteriormente por las “tarjetas black” de Caja Madrid, y en la actualidad está siendo investigado en el proceso de la Púnica, también de financiación ilegal del PP. Pero su faceta más llamativa es su relación de estrecha amistad con los monarcas. Cuando estalló el escándalo de las tarjetas recibió un sms de la reina. Tras una breve pero ceremoniosa declaración de reconocimiento mutuo, siempre escrita en primera persona del plural, Letizia añadió “lo demás, merde”. ¿Se refería al lodazal en que apenas flotaba su “compi yogui”, o a la acción judicial?

Y el tercero, Santiago Barreno Sevillano, es presidente del consejo de administración de la editora del diario La Razón (Audiovisual Española 2000), integrada en el poderosísimo grupo de comunicación Planeta. Si algo caracteriza con diferencia a ese periódico dirigido por Francisco Marhuenda es su inquebrantable confianza en el PP y en Mariano Rajoy, sólo comparable a su extrema hostilidad contra Podemos.

No obstante, Santiago Barreno no es el único implicado que sostiene un vinculo muy distintivo con La Razón. Asimismo ha sido detenido Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero delegado de ese medio. Sin embargo, su papel en este asunto ha sido sobre todo de testaferro de Ignacio González (sin menoscabo de su enriquecimiento particular), que le llevó a figurar en los consejos de muchas empresas, entre ellas, Canal Isabel II cuando se perpetró el peor sangrado de sus cuentas: treinta y seis millones de euros.

En aquel tiempo (corría el año 2013) también se sentaba en ese consejo de administración Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid desde 2014. Pero fue ella quién presentó la denuncia ante la fiscalía por aquellas irregularidades en julio del año pasado, dando origen a la Operación Lezo. Las escuchas telefónicas han desvelado que Marhuenda y Mauricio Casals (presidente de La Razón) desde el primer momento intentaron proteger a Edmundo Rodríguez amenazando a Cifuentes con una campaña mediática en su contra para que no continuase adelante con la denuncia. Así que el juez y la Guardia Civil también los inculparon por coacciones el mismo 19 de abril. Tras declarar la presidenta ante Velasco que no se había sentido presionada (al fin y al cabo no retiró la denuncia) el juez archivó el asunto seis días después.

De cualquier modo, Edmundo Rodríguez tampoco es el “testaferro” exclusivo de González. En un círculo más amplio y (por el momento) no delictivo se encuentra un grupo de colaboradores en el ministerio del Interior, en la judicatura y en la fiscalía. Las comunicaciones interceptadas han permitido conocer varias conversaciones en las que el expresidente madrileño y sus interlocutores manifiestan a las claras sus fobias y sus filias con respecto a determinados jueces y fiscales en función de su afinidad con el Partido Popular, especulando con las fórmulas para alejar a unos (especialmente a Velasco) y promocionar a otros. Y algunos de sus anhelos “felizmente” se materializaron, como el nombramiento de Manuel Moix para el puesto fiscal jefe anticorrupción el pasado mes de febrero por parte del igualmente controvertido José Manuel Maza, fiscal general del Estado.

Más allá de los deseos, en el terreno realmente trascendental de los hechos, Ignacio González supo que sus teléfonos estaban intervenidos en noviembre de 2016. El chivatazo provino, según sus propias palabras, de una magistrada “amiga de la casa”, lo que permitió al cabecilla de la red corrupta y a sus compinches excluir de sus conversaciones cualquier referencia comprometedora a sus actividades a partir de aquel momento.

Posteriormente, el día 8 de marzo, el secretario de Estado para la seguridad (el segundo de a bordo en Interior) sostuvo una entrevista con Pablo González (hermano de Ignacio igualmente imputado y detenido) en la sede del propio ministerio. Ambos han declarado que el motivo de la reunión no fue la investigación abierta por el juez Velasco. Pero al terminar ese encuentro telefoneó a su hermano para comunicarle que la conversación había sido “muy interesante”. Cuando ya se sabían escudriñados y bajo vigilancia, parece bastante improbable que unos asuntos técnicos de seguridad relativos a Mercasa (otra empresa pública también inmersa en el caso) pudieran resultar de tanto interés.

Pero, hasta el momento, el mejor colaborador de Ignacio González está siendo el fiscal jefe anticorrupción. Como sucedió durante todo el proceso del expediente Nóos, en que el representante del ministerio público se transformó paradójicamente en el más perseverante defensor de la infanta Cristina, Manuel Moix está haciendo todo lo posible por entorpecer y frenar la investigación y, en consecuencia, aligerar los cargos que pesan sobre los imputados desde el pasado 19 de abril.

Y antes de esa fecha también lo hizo, mientras fue fiscal superior de Madrid. En los años 2007, 2009 y 2010 Moix archivó consecutivamente tres denuncias vecinales sobre el campo de golf del madrileño barrio de Chamberí sin practicar ni una sola diligencia que le permitiera afirmar, como efectivamente hizo, que no apreciaba indicios de delito. Esa instalación, perteneciente a Canal Isabel II, fue inaugurada en 2007 por Esperanza Aguirre e Ignacio González. Y fue una empresa de los González, prácticamente inactiva, la contratada para poner el césped: un pelotazo de más de un millón de euros. Hoy es uno de los principales motivos por los que los hermanos González duermen en la cárcel.

En cuanto a la Operación Lezo, un día antes de que la Guardia Civil empezara a practicar detenciones, Moix intentó paralizar varios registros programados. Esto provocó una insólita reunión de la junta de fiscales anticorrupción, quiénes, al amparo del estatuto de la fiscalía, rechazaron la orden de su jefe: finalmente los registros se desarrollaron como estaba previsto. Seguidamente presionó para eliminar el delito de “organización criminal” de las acusaciones del ministerio público. Y lo consiguió, aunque el juez lo ha mantenido en el sumario. Por último intentó, sin éxito, que el fiscal responsable del caso Lezo, Carlos Yáñez, renunciara a su puesto y volviese a Granada. Para el presidente de una de las asociaciones de fiscales la ciudadanía ha perdido la confianza en ellos en sólo dos meses. Y para otros juristas, se ha producido una “quiebra total del Estado de Derecho”.

Otro testaferro empresarial de Ignacio González ha sido Javier de Andrés, amigo personal suyo y consejero delegado de Indra. Su esposa, María Fernanda Richmon, fue directora financiera de Canal Isabel II y por ello está siendo investigada en el marco de la Operación Lezo, de la que Javier de Andrés por ahora está excluido. No obstante, sí que se encuentra imputado en la Púnica, bajo sospecha de haber empleado Indra para financiar ilegalmente al PP.

Indra es una de las cien mayores empresas mundiales del sector de la defensa y la seguridad y cotiza en el Íbex 35, como también lo hizo en su tiempo Huarte, hoy integrada en OHL. Nació en 1993 de la fusión de varias sociedades estatales y en 1999 dejó de ser enteramente pública, aunque el Estado sigue siendo el principal propietario con un 20% de las acciones. Poco tiempo después comenzó a ser objeto y sujeto de jugosos intercambios de favores, un tercer círculo de conexiones que Lezo ha iluminado.

Así, en 2001 compró la consultora de Josep Puyol Ferrusola, hijo del expresidente catalán. Semanas después empezó a conseguir importantes contratos de la Generalidad, en cuyas adjudicaciones más jugosas había sido relegada sistemáticamente desde su fundación. Por supuesto Puyol Ferrusola pasó a formar parte de su plantilla con un contrato bastante generoso. Y cuando abandonó su puesto a mediados del año pasado se embolsó una indemnización de dos millones de euros.

En 2011 otro vástago de la élite política española encontró acomodo entre la nómina de la multinacional por un procedimiento parecido y con iguales resultados: unos pelotazos extraordinarios. Indra adquirió otra empresa que también le abriría puertas (Oyauri Investment) de la que eran accionistas el expresidente Felipe González y su hijo Pablo González Romero. Menos de un año después el precio de las acciones de Felipe González había pasado de 376 euros a 310.000. Y además Indra fichó a su retoño, fotógrafo de profesión, blindando inicialmente su contrato con 300.000 euros. La multinacional razonó esa decisión alegando que Pablo González es muy valioso. Pero otras fuentes atestiguan que su cualificación es muy baja y que el blindaje estuvo del todo injustificado.

Aunque el pasado 26 de abril exigieron el cese de los fiscales Maza y Moix, el PSOE y Ciudadanos todavía no ven motivos suficientes para presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy por lo que está desvelando el caso Lezo, una urdimbre enormemente mayor de lo aquí relatado. Mientras tanto, pese a que continúa circulando por las calles, la ciudadanía apenas si sabe algo del bus de Podemos. Pero ya conoce mucho más de la Trama que lo ha arrollado.

Domingo Marrero Urbín

(Colaborador de O Olho da História)

Las Palmas de Gran Canaria, mayo de 2017.

Comentarios»

No comments yet — be the first.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: