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La construcción de la dictadura en España

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Si alguna vez lo fue, España ya no es una democracia. Muchos colectivos y personalidades destacadas del ámbito académico y cultural lo han venido denunciando desde hace unos cuantos años, pero no parece que la percepción social del problema esté a la altura de su gravedad. Obviamente, esa miopía social forma parte del mismo proceso de desoberanización, y es una condición necesaria para su desarrollo. Aunque también es posible que muchas de esas denuncias hayan sido fragmentarias, hechas al calor de unos acontecimientos concretos cuyo impacto sobre la salud de la democracia española pretendían explicar.

Así pues habrá que repetirlo tantas veces como nuestros gobernantes sus mentiras. La diferencia, no obstante, es que las pruebas de este “golpe de estado a cámara lenta”, como acertadamente lo ha denominado Julio Anguita, son más abundantes que las falacias de sus perpetradores. Y muestran hasta qué punto los elementos esenciales de los regímenes liberales están siendo sistemáticamente malversados (práctica hoy muy común entre la “gente de bien”), ya sea por la vía de la legalidad como por la de los hechos consumados.

Además, todo está sucediendo ante el silencio y la complicidad de gran parte de los medios de comunicación de masas y sus periodistas-caniche, tan inofensivos como aduladores: son testigos de un atraco a gran escala y mueven la cola a los delincuentes. Del mismo modo, no sería muy prudente atribuir en exclusiva al actual gobierno del Partido Popular la autoría de lo que, cuando menos, es un cúmulo de inmoralidades. Pero sería una ingenuidad no ver que Rajoy ha apretado el acelerador y que está haciendo más que ninguno de sus predecesores para destruir el Estado Social y de Derecho de la constitución de 1978.

En primer lugar, la representación de la soberanía popular que las Cortes y los parlamentos autonómicos deberían encarnar, el principio esencial de las democracias occidentales, sufre un proceso de flagrante escamoteo. A su término, la voluntad política de la sociedad española expresada en las urnas no vale un duro.

Todo comienza con la práctica de las listas cerradas, de las que solamente se sustrae el Senado, paradójicamente, la cámara legislativa cuya utilidad más se cuestiona hace años. La imposibilidad de seleccionar libremente los candidatos que las listas cerradas suponen podría verse compensada si, al menos, su confección siguiese un proceso escrupulosamente democrático en el seno de los partidos, especialmente de los más grandes, como el PP y el PSOE. Pero esto tampoco sucede: las “planchas electorales” son el resultado del juego de intereses entre las distintas corrientes internas de esas fuerzas políticas, y la posición que cada candidato ocupa en ellas depende mucho más de los favores prestados a sus “barones” que de su supuesta valía personal.

Llegada la hora del recuento de los votos, el sistema electoral español (basado en la Ley D´Hondt) desfigura los resultados, favoreciendo muy especialmente a los partidos mayoritarios y perjudicando dramáticamente a los no tan grandes. En las últimas elecciones generales IU podría haber obtenido 25 escaños en el Congreso, pero el sistema le atribuyó sólo 11; y UPyD consiguió 5, cuando le debían corresponder 17. Sin duda, se trata de un despojo que pulveriza el principio de “un hombre, un voto”. Por éste y otros motivos, la Misión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa destacada en España el pasado 20 de noviembre ha recomendado al estado español realizar cambios significativos en su sistema electoral.

Y como algunos diputados y senadores han manifestado en ocasiones cierta independencia de criterio, en los primeros años de nuestra democracia nació el concepto de la “disciplina de partido”. A quiénes la rompen les espera una sanción económica, pero ante todo un seguro ostracismo político: muy difícilmente volverán ser candidatos. Sin embargo, quiénes por el contrario la respetan se convierten en un circo de autómatas descerebrados: justamente lo último que cabe esperar de los representantes del pueblo.

Además, la demolición de la soberanía popular ha excedido los límites de la composición y el funcionamiento de las Cortes, alcanzando plenamente la acción de gobierno. Hasta la llegada de Mariano Rajoy a la presidencia, el cumplimiento de las promesas electorales había sido un principio de actuación de los candidatos recién elegidos. Y es que el apoyo popular sólo puede interpretarse de una manera en las democracias representativas: es un mandato para llevar a cabo el programa con que se ha ganado las elecciones. Al menos eso hizo Zapatero con su legislación social, y su antecesor del PP, José María Aznar, con la política de privatización de empresas públicas. Y un  cambio de opinión sobre un asunto muy relevante merecía alguna explicación pública, como hizo Felipe González cuando mantuvo el referéndum sobre la adhesión de España a la OTAN que había prometido, aunque solicitando encarecidamente al pueblo español su voto afirmativo.

Pero Rajoy ha inaugurado una nueva era, transfigurando el mandato de los votos en una excusa. Durante la campaña electoral del pasado noviembre el candidato del PSOE lo acusó de tener un “programa oculto”. Pese a que seguramente él también poseía el suyo, la experiencia está demostrando el acierto de Rubalcaba: el presidente está haciendo todo lo contrario de lo que prometió. Y de paso ha reventado definitivamente el principio de representación: ahora gobierna de espaldas al pueblo y contra el pueblo.

Los argumentos y ejemplos acerca de para quiénes está gobernando Rajoy (y también para quiénes lo hizo Zapatero) son, por desgracia, muy abundantes. Pero el caso de Repsol, no siendo precisamente el de mayor trascendencia, resulta doblemente ilustrativo. En nombre de los intereses de España, el gobierno del PP se ha enfrentado a todas las instituciones políticas canarias y a la mayoría de los isleños, especialmente de Lanzarote y Fuerteventura (que, al parecer no son españoles), en cuyas costas ha autorizado a la petrolera para realizar unas prospecciones absolutamente inaceptables. Y casi al mismo tiempo que en el Archipiélago se producía una intensa movilización social, enarboló nuevamente los intereses nacionales para cargar contra la presidencia argentina, empleando todos los medios de presión a su alcance, cuando ésta anunció la expropiación de YPF a Repsol. Sin embargo, hace mucho tiempo que la petrolera no es española y que el bien del país les trae del todo sin cuidado a sus directivos y propietarios.

El segundo gran pilar de las democracias representativas, instituido en los mismos orígenes del Estado Liberal del siglo XIX, es la separación de poderes, que en España es una quimera. En cierto modo, la disciplina de voto que imponen los partidos a sus diputados y senadores ya supone una clase de intromisión del Ejecutivo en las tareas del Legislativo: el partido del gobierno hace de correa de transmisión de sus decisiones imponiendo su voluntad a los representantes de la soberanía popular.

Pero la quiebra de la división de poderes se produce sobre todo en lo tocante a la justicia. El proceso de selección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial lo convierte en un reflejo de la composición de las Cortes, muy empobrecido, eso sí, por el bipartidismo. Y, como sucede con las listas electorales, gran parte de los responsables del gobierno de la justicia lo son ante todo por sus afinidades políticas con los partidos mayoritarios y no tanto por su valía y sus méritos profesionales. En todo esto, la opinión de la judicatura cuenta muy poco, y la de la ciudadanía, nada.

Sin embargo, los problemas del estado español con la separación de poderes (y, por ende, con su naturaleza democrática) no se limitan al juego de equilibrios y contrapesos entre sus tres funciones, sino que también afecta al papel de la iglesia católica en la vida pública. El concepto de “Estado Laico” nació junto a la división de poderes y por los mismos motivos. Los monarcas absolutos no sólo acaparaban las tres facultades políticas del reino, sino que de una forma u otra estaban revestidos de una cierta autoridad o respaldo religioso, porque sus testas coronadas lo eran por derecho divino: Franco fue caudillo de España “por la gracia de dios”, como rezaban sus monedas, pero también por el apoyo explícito del Vaticano. Casi cuatro décadas después de la muerte del tirano España aún no es laica, y tres botones son suficiente muestra.

Primero, la iglesia católica recibe financiación privilegiada del erario público, como se evidencia cada año en la declaración del IRPF, y no paga el IBI de todas sus propiedades inmobiliarias (que son muchísimas), y no sólo de los edificios de culto. Segundo, en los centros públicos de enseñanza se sigue impartiendo la asignatura de religión católica (voluntaria para el alumnado, pero de oferta obligatoria para las escuelas e institutos) por un profesorado que la iglesia selecciona y el estado remunera. Y, tercero, aunque la asistencia es voluntaria para la tropa, fuerzas militares continúan desfilando junto a los pasos de Semana Santa en decenas de municipios españoles, donde se interpreta el himno nacional a la salida de las imágenes de sus templos. Por lo demás, las constantes intromisiones de la jerarquía eclesiástica en la vida de los españoles, tanto más intolerables por cuanto provienen de una institución que se ahoga bajo toneladas de su propia inmoralidad, ponen de manifiesto su consciencia del poder real que aún retiene, en detrimento de la soberanía popular.

En tercer lugar, la agresión contra la democracia en España está siendo particularmente virulenta en el ámbito de los derechos y libertades ciudadanas, labor a la que el gobierno de Rajoy se está entregando con especial empeño. El principal problema no radica, si embargo, en los crecientes recortes en una serie de derechos sociales vinculados al Estado del Bienestar, un invento del siglo XX. Lo peor es la vulneración práctica, sin modificaciones constitucionales, de varios derechos consustanciales al Estado Liberal del siglo XIX, sin cuya concurrencia la quiebra de la democracia es un hecho indiscutible.

El primero de ellos es la igualdad ante la ley: hasta el siglo XIX en Europa (y desde los orígenes de la civilización con las primeras sociedades estamentales) la nobleza contó con un estatus legal diferenciado de la plebe. Así que una de las aspiraciones de la burguesía fue siempre acabar con ese privilegio del estamento dominante, convirtiendo su reivindicación en uno de los rasgos identitarios más destacados de la democracia. No es casual, pues, que la igualdad ante la ley encabece el capítulo de derechos y libertades de la actual constitución.

Pero no parece dominar el pensamiento y la práctica del Consejo General del Poder Judicial, que ha reconocido sin tapujos la desigualdad de los españoles ante la ley, especialmente en el caso de Urdangarín y su señora esposa. Ni tampoco está presente en las decisiones de Rajoy y su gobierno. Por un lado, desisten de perseguir a los delincuentes fiscales (cuando el montante de su fraude, sólo de 2010, serviría para enjugar casi del todo el precio del rescate a la banca), declarando una amnistía de dudosa constitucionalidad, y renuncian a investigar las responsabilidades de los directivos de esas mismas entidades financieras, artífices de la catástrofe que sufrimos (Zapatero también se ensució indultando a una consejero delegado del Banco Santander). Y por otro, se muestran implacables con los Indignados, sancionando por desobediencia a la autoridad a casi 300 personas por permanecer pacíficamente en la Puerta del Sol más tiempo del autorizado por el gobierno.

Sin duda, han hecho de la justicia algo muy diferente para según qué clase de españoles. En el primer caso están practicando una inhibición irracional, bochornosa, y profundamente inmoral. En el segundo, el acoso hasta los límites de la legalidad de unos ciudadanos que ejercían derechos fundamentales: el de reunión y el de expresión. Pero, ante todo, Rajoy está laminando la participación, otro derecho consagrado por nuestra carta magna. Está arrinconando a la ciudadanía más activa, persiguiendo la resistencia pasiva y convirtiendo en miembros de una organización criminal a quiénes quemen cuatro contenedores de basura, un acto reprochable pero absolutamente insignificante en comparación con el incendio provocado por todos esos banqueros sinvergüenzas.

Y es que, por último, la demolición del sistema democrático se está haciendo en medio de un océano de corrupción, y de su hermana menor la inmoralidad, más dañina aún porque no es ilegal: el código penal no castiga la impudicia. Ciertamente, el Partido Popular podría hundirse en ella: el caso Gürtel es seguramente el mayor escándalo de corrupción política de la democracia española. Aunque por el momento no parece que será así. El Tribunal Supremo fue especialmente ágil condenando a Garzón por unas supuestas escuchas ilegales practicadas durante su instrucción de ese caso. Pero los tribunales que juzgan la trama corrupta del PP van a “velocidad de perezoso”. Sin embargo, lo peor es que los votantes tampoco han castigado al partido de Rajoy (como sí lo hicieron en 1996 con Felipe González), poniendo en evidencia que el deshonor y la indecencia se han instalado en amplios sectores sociales. En 1996 la corrupción sí era una amenaza para la democracia, pero hoy constituye, simple y llanamente, su certificado de defunción.

Por eso, se equivocan quiénes han atribuido al temor la incomparecencia sistemática del presidente del gobierno ante los medios y la sociedad, y también ante el mismo Congreso, suspendiendo el debate sobre el estado de la nación. No es cobardía, es despotismo, porque efectivamente España ya no es una democracia.

Dice Aleix Saló en un fantástico vídeo titulado “Simiocracia” que (siguiendo el “Principio de Hanlon”) prefiere atribuir lo que está sucediendo a la estupidez antes que a la malicia. Y las facciones de los miembros del gobierno podrían inducir a creerlo. Pero sus decisiones han sido tomadas con premeditación y alevosía, como hacen lo peores criminales. ¿O no es un crimen imponer una dictadura? La Real Academia de la Historia, por su parte, ya ha respondido que no con su Diccionario Biográfico. Una contribución a este golpe de estado que nunca olvidaremos.

Las Palmas de Gran Canaria, junio de 2012

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