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Garzón

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A pesar de todo, lo que está sucediendo en torno al juez Garzón no me parece lamentable, me parece lógico o al menos más lógico que lamentable. Es cierto que la figura del señor Garzón sin duda es controvertida, no sólo por su actividad judicial, también por sus coqueteos con la política -en cualquier caso legítimos- durante la presidencia de Felipe González, con el que sostuvo severas desavenencias.

Pero, más allá de la avalancha de auténtica propaganda que circula sobre este asunto, por ejemplo en Internet, creo que nuestra obligación de historiadores y/o profesores de historia también reside en proporcionar a la ciudadanía una explicación (histórica) rigurosa, plausible, y lúcida de lo que está aconteciendo. Y no estaría mal empezar por delimitar claramente el problema intentando eliminar el ruido que lo ha acompañado desde el principio.

El juez Garzón ha sido denunciado ante el Tribunal Supremo por dos entidades cuyas referencias políticas, ideológicas, y éticas son, como el señor Blas Piñar, netamente fascistas y antidemocráticas. Su querella cuestiona la competencia del juez para investigar los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura. Y lo han hecho amparándose en la legislación y las instituciones jurídicas de un “estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, máximas que Falange y Manos Limpias interpretan de un modo muy sui géneris: sólo a su favor.

No es la primera ocasión en la historia contemporánea que organizaciones y personas con valores antagónicos a los democráticos instrumentalizan los resortes y mecanismos del estado de derecho contra él mismo. El caso más conocido es el propio Adolf Hitler y su partido nacionalsocialista: llegaron al poder en un proceso electoral que, a la postre, fue el último de la República de Weimar. Y, según la Ley de Partidos Políticos y todos sus valedores, es también el caso de Herri Batasuna en la España actual.

No obstante, la clave de las denuncias reside en la Ley de Amnistía de 1977, aún vigente, que exonera de responsabilidad criminal, entre otros, a los autores de todos los delitos contra las personas cometidos antes del 15 de diciembre de 1976. El juez Garzón, declarándose competente para investigar los crímenes de la dictadura franquista, ha quebrantado a sabiendas esa ley, lo que constituye un presunto acto de prevaricación.

Hasta aquí llegan, supuestamente, los aspectos de “técnica jurídica” que el Tribunal Supremo quiso explicar a los medios de comunicación extranjeros, invitación que extendió después a los españoles. Pero, finalmente, el alto tribunal desconvocó la esperada conferencia de prensa, alegando el impedimento del gran número de periodistas que asistiría al acto.

Sabemos de la penuria de medios que tradicionalmente ha sufrido la justicia española. Pero resulta poco creíble que una institución tan relevante no disponga de recursos para reunir en un mismo lugar varias decenas de personas, o varios centenares, tanto da.

Lo que no tenía, ni tiene, ni tendrá nunca el Tribunal Supremo es una sola excusa para respetar la Ley de Amnistía de 1977 (y sentar a Garzón en el banquillo por ella), que ha sido rechazada por la comunidad internacional en repetidas ocasiones. La prensa extranjera sabe perfectamente (la española, “menos”) que esa norma es contraria al Derecho Internacional (que España debe cumplir) porque los crímenes contra la humanidad de ningún modo prescriben, ni pueden ser objeto de perdón. El Comité de Derechos Humanos y el Comité Contra la Tortura de la ONU han exhortado al estado español en repetidas ocasiones para que la anule. Y organizaciones tan prestigiosas como Amnistía Internacional o Human Rights Watch están estudiando el caso muy de cerca, avalando el trabajo del juez Garzón y presionando a la UE para que “manifieste al gobierno español su preocupación por lo que está sucediendo”.

En realidad el propio Tribunal Supremo, como instancia superior de la justicia española, parece el más competente para abrir la investigación sobre los crímenes del franquismo. Y también parece el más responsable de que la legislación y la justicia españolas acaten el Derecho Internacional. Sin embargo, y muy al contrario, ejerce de guardián de la memoria del franquismo, desde luego bastante más que Falange y que Manos Limpias.

Aunque no es el único. El mayor partido conservador español, que lo es en un estado democrático, está muy satisfecho con la suspensión del magistrado en la Audiencia Nacional. Pero, sobre todo, en su historia no ha realizado una sola condena política y ética de la dictadura. Resulta paradójico cómo uno de sus portavoces ha acusado a las asociaciones por la memoria histórica de “provenir del túnel del tiempo”, cuando en realidad su partido actúa como el principal custodio político de la memoria fascista española, rechazando su reprobación.

Y la prensa conservadora, “adalid de los derechos y libertades” y ante todo de su libertad de expresión, está aplaudiendo con ganas las decisiones del juez Varela. La omisión intencionada de la nulidad internacional de la ley del 77, o (cuando no) la banalidad con que la tratan resultan sorprendentes, en contraste con el rigor informativo que dicen tener y con su permanente preocupación por la imagen exterior de España: ¿recuerdan cuando George W. Bush no recibía al presidente Zapatero? ¡Qué vergüenza!

Garzón “tocó hueso”. Dio con el esqueleto franquista de nuestra monarquía parlamentaria. Ha puesto en evidencia hasta qué punto la Transición, como tú ya has recordado, no fue tan modélica, o –visto desde otra óptica- sigue siendo un proceso inconcluso.

Sólo queda confiar en la sociedad española. Su “madurez democrática” ha sido loada no se sabe cuántas veces en las últimas décadas, sobre todo durante los procesos electorales. Y, en ocasiones, como los acontecimientos relacionados con la guerra de Irak o con el 11-M, parece haberla demostrado. Pero no todos los españoles poseen la misma cultura política. Existen amplias mayorías muy ajenas a los procesos políticos, o fácilmente manipulables. Justamente las necesarias para convertir a España en una Democracia plena.

Cuando estoy terminando estas líneas, el Fútbol Club Barcelona acaba de proclamarse campeón de la liga. Esto ha provocado una excitación social inmensa en muchas ciudades españolas. Garzón está siendo crucificado por el franquismo ante una audiencia bastante más reducida.

Las Palmas de Gran Canaria, mayo de 2010.

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