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URGENTE: Constituciones y democracia en España 12 julio, 2015

Posted by Domingo in España, Soberanía.
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Cubierta del original de la Constitución de 1978. Fuente: Congreso de los Diputados (http://www.congreso.es/docu/constituciones/1978/1978_cd.pdf)

Cubierta del original de la Constitución de 1978. Fuente: Congreso de los Diputados (http://www.congreso.es/docu/constituciones/1978/1978_cd.pdf)

Entre las consecuencias de la crisis financiera iniciada en 2008 ya puede incluirse el debate sobre una posible reforma constitucional o, yendo más lejos, la apertura de un proceso constituyente que alumbre una nueva carta magna. Ya en septiembre de 2011 el PSOE y el PP acordaron una modificación del artículo 135, limitando la capacidad de endeudamiento del Estado, aunque no será hasta 2020 que una ley orgánica concrete definitivamente esos límites.

Los demás partidos con representación parlamentaria se abstuvieron en la votación de ese cambio, alegando que el Gobierno de Zapatero no lo había consultado previamente con ellos. Pero las críticas más severas no se escucharon en el edificio que preside la Carrera de San Jerónimo. Para la “izquierda social” significó la supeditación del Estado a premisas neoliberales, restringiendo sus posibilidades de aumentar el gasto social en un país que todavía no alcanza los estándares europeos en ese ámbito. Y también implicó una flagrante pérdida de soberanía, ya que los márgenes de endeudamiento dependerán de las decisiones de la Unión Europea.

La corrupción galopante en el PP y el PSOE, el rescate financiero a costa de abandonar a su suerte a millones de españoles, y esa modificación constitucional sirvieron para que los Indignados certificaran la conversión del Estado Social y Democrático de Derecho en un régimen plutocrático. Y en cierto modo algunas prestigiosas organizaciones no gubernamentales internacionales y la misma UE también lo acreditan, al advertir que durante los últimos años España se ha transformado en uno de los países menos democráticos de Europa.

Así que la “apertura del melón de la Transición” y la necesidad de que los españoles se otorguen una nueva norma suprema y una nueva forma de Estado (una república) se encuentra en el ADN ideológico de Podemos, como descendiente político de los Indignados. Esa propuesta (aún no materializada) concitó un rechazo frontal en la gran mayoría de los partidos tradicionales, especialmente en el PP y el PSOE, que la consideran un disparate histórico.

Pero eso no ha impedido que hace muy pocos días Pedro Sánchez, Secretario General del PSOE, haya entrado de lleno en la arena de la reforma constitucional por diversos motivos, entre los que él mismo ha citado el blindaje de los derechos sociales. Su iniciativa supone un giro radical en el mapa político español porque, con las encuestas preelectorales en la mano, ahora constituyen una mayoría las fuerzas dispuestas, en el menor de los casos, a cuestionar la norma de 1978. Tal cual se la conoce parece tener los días contados, por mucho que el PSOE esconda la pretensión de evitar el “mal mayor” de una nueva constitución, que supuestamente exigiría Podemos cuando su voz se pueda escuchar en las Cortes.

El PSOE comparte con el PP y la mayoría de los partidos tradicionales la misma valoración de la Carta de 1978. En general hay bastante consenso en que “ha traído” el más largo periodo de convivencia democrática y de prosperidad de la historia española. Puede que sea cierto, al menos en parte, pero esa misma historia (incluyendo el presente inmediato) revela que la existencia de una constitución no asegura necesariamente la naturaleza democrática del Estado.

Descontando dos cartas otorgadas (el Estatuto de Bayona de 1808 y el Estatuto Real de 1834) y dos constituciones que no entraron en vigor (la de 1856 y la de 1873) España ha tenido siete cartas magnas desde 1812 hasta la actualidad. Y su historia cumple una regla de oro con exactitud casi matemática: su duración ha sido siempre inversamente proporcional a la calidad democrática del Estado que configuraron.

Las constituciones más liberales disfrutaron de una vida muy corta, como la de 1812, que pervivió hasta 1814 y posteriormente entre 1820 y 1823. También fue el caso de la promulgada en 1869, vigente sólo hasta 1874. Y asimismo lo fue el de la carta republicana de 1931, cuya trayectoria fue trágicamente truncada en 1936.

En el extremo opuesto se encuentra la Constitución de 1845, en vigor durante casi un cuarto de siglo. En ella no se reconocía una soberanía nacional plena, sino compartida con una Corona revestida de importantes poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, haciendo desaparecer virtualmente la división de poderes. El sufragio censitario y la confesionalidad del estado terminaron de completar un cuadro muy escasamente democrático.

Aunque el caso paradigmático es el de la Constitución de 1876, vigente hasta 1923. Dio forma a un Estado aparentemente democrático, la Monarquía Parlamentaria restaurada en los borbones. Pero en la práctica la soberanía nacional jamás existió, ya que los resultados electorales fueron sistemáticamente manipulados. De hecho, la asignación de escaños se hacía con anterioridad a la convocatoria de las elecciones. La presión social de los caciques locales (en una España mayoritariamente rural) y la “técnica” del pucherazo aseguraban finalmente la elección de los candidatos previamente escogidos por los dirigentes de los dos partidos dinásticos (el Conservador y el Liberal) y la Corona para ocupar los escaños.

Las similitudes entre la Restauración borbónica de la Constitución de 1876 y la propiciada por la Constitución de 1978, y sus respectivos logros, son muchas más que las aparentes. La prosperidad española de las últimas décadas es innegable, pero sigue estando a la cola del desarrollo económico y cultural europeo, como lo estaba en 1931: no ha servido para mejorar realmente la posición relativa de España en su contexto, que sigue siendo esencialmente la misma. Y si la calidad democrática del Estado español ya era exigua hace pocos meses, la reciente entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por el PP con el voto en contra de toda la oposición, sin duda la ha erosionado todavía más.

El régimen instaurado por la actual norma suprema sigue amparando la dictadura que lo alumbró, contra los dictámenes de la ONU y de los tribunales internacionales. Pero también está protegiendo a una reata de impresentables, mentirosos y corruptos que se han apropiado de las instituciones del Estado en beneficio propio y de la oligarquía. Esto debería ser razón más que suficiente para dudar de la solidez democrática de la Constitución de 1978 y exigir su sustitución o, cuando menos, una profunda revisión.

Pero también lo reclama la propia naturaleza del poder constituyente, que reside única y exclusivamente en el pueblo. Éste es el sujeto histórico y político que, ejerciendo su soberanía, se dota de una norma reguladora de la convivencia nacional en su significado más extenso. En ese sentido, el problema de la Constitución vigente es que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, el 70% de la actual población española no participó en el referéndum que la ratificó el día 6 de diciembre de 1978, ya fuera porque no había alcanzado la mayoría de edad o, simplemente, porque no había nacido. Y ése es precisamente el caso de dirigentes políticos como Pedro Sánchez, Alberto Garzón, o Pablo Iglesias, pero también de la gran mayoría de los Indignados.

Todo parece indicar que esta Constitución no batirá el récord de vigencia de la nacida en 1876. Y sería preferible.

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