jump to navigation

URGENTE: La continuidad histórica del franquismo 20 octubre, 2013

Posted by Domingo in España, Soberanía.
Tags:
trackback

El nuevo tirón de orejas que la ONU ha dado el estado español, por medio de su Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, para que deje sin efecto la ley de amnistía de 1977, que impide a los jueces investigar y juzgar la desaparición de más de 114.000 personas y el robo de 30.000 niños (aunque diversas fuentes señalan que esa cifra podría ser diez veces superior), vuelve a poner sobre la mesa el problema de la legitimidad democrática de la monarquía parlamentaria española. El problema de fondo es que la Transición, por su mismo significado y por su desarrollo, supuso una discontinuidad política: España dejó de ser una dictadura para transformarse formalmente en una democracia. Pero en absoluto significó una discontinuidad histórica.

La representación política del franquismo en la España actual corresponde al PP. Y no deja de dar muestras de su vocación. Pero la representación histórica de la dictadura concierne a la monarquía parlamentaria en su conjunto, y no sólo porque el actual rey fue una elección personal del tirano. El PSOE sigue respaldando aquella ley de amnistía. Ramón Jáuregui ha declarado sentirse “mucho más cerca de los torturados que de los torturadores…”, pero “…en España decidimos hace mucho tiempo que no nos íbamos a pasar factura de lo que hicimos antes de 1976.” Nadie duda de las buenas intenciones que hay detrás de esas palabras. Pero, con ellas, Jáuregui y su partido se sitúan al margen del Derecho Internacional, que impide taxativamente prescribir o amnistiar los crímenes de lesa humanidad. Y la gran mayoría de las organizaciones políticas con representación parlamentaria se hallan en la misma situación: de espaldas al Derecho Internacional y a los Derechos Humanos.

Esta prolongación histórica de la dictadura franquista en la monarquía juancarlista explica los problemas internos que cuestionan severamente su naturaleza democrática, desde los mecanismos de atribución de escaños y las listas cerradas en los procesos electorales, pasando por la inconclusa separación de la iglesia católica, hasta la corrupción política, empresarial y social. Pero también esclarece la regularidad con que las grandes instituciones internacionales (la ONU, la UE, la OSCE, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch…) afean al estado español por diversos motivos: la legislación electoral o la antiterrorista, la persecución pública de ciudadanos ejemplares (como Ada Colau), las torturas policiales, o su complicidad pasiva con los crímenes del franquismo.

Desde antes de la muerte del dictador y durante un tiempo después, la oposición política al franquismo se dividió en dos posturas: los rupturistas y los reformistas. Los primeros pretendían la implantación de una república que sustituyese del todo las estructuras políticas anteriores y su misma legitimidad. Pero finalmente se impuso el reformismo. Los partidarios de la ruptura histórica asumieron su imposibilidad porque no contaban con la fuerza social suficiente, y aceptaron la sola discontinuidad política.

Por su parte, el franquismo igualmente se segmentó. A un lado se situó la facción que pretendía la continuidad absoluta (política e histórica): eran los inmovilistas, o el “búnker”. Al otro lado se posicionaron los que estuvieron dispuestos a aceptar la discontinuidad política a cambio de salvaguardar la continuidad histórica: los reformistas. Las enormes dificultades internas y externas para mantener el régimen dictatorial en su plenitud, hicieron que la balanza se inclinara a favor de los reformistas.

Y así nació el acuerdo, la ejemplar Transición política española. Pero fue un intercambio profunda y notoriamente desigual. Mientras el franquismo obtuvo la continuidad histórica del régimen, la oposición democrática hubo de contentarse con la simple discontinuidad política.

Hace no muchos años el final de la Transición fue objeto de un cierto debate historiográfico. Para unos había concluido el día en que entró en vigor la Constitución de 1978. Para otros, con la formación del primer gobierno del PSOE en 1982. Y una minoría creía que aún no había terminado. Se trataba de dilucidar cuándo España había comenzado su trayectoria como una democracia plena. Hoy ya sabemos que eso nunca sucederá hasta que los españoles decidan romper definitivamente la continuidad histórica del franquismo.

Anuncios

Comentarios»

No comments yet — be the first.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: