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URGENTE: Francisco Pérez de los Cobos o la “modernización” de la Justicia 12 agosto, 2013

Posted by Domingo in España, Soberanía.
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La Humanidad ha inventado a lo largo de la historia dos modos fundamentales de hacer justicia, aunque no se sabe con certeza si ésta se administró (y cómo se hizo) durante la “gran marcha” del Paleolítico, que representa al menos el 93% de la historia de nuestra especie, el homo sapiens. De modo que el poder judicial es un producto de las primeras civilizaciones: así lo evidencia el Código de Ur-Nammu, de 4.000 años de antigüedad, uno de los primeros conocidos hasta ahora.

Eso significa que desde sus orígenes la administración de justicia, junto a la potestad de hacer las leyes y de ejecutarlas, forma parte del poder del Estado. Y su función ha sido siempre la misma, velar por el mantenimiento del statu quo económico y social. Por ejemplo, en las sociedades capitalistas el principio de la propiedad privada es sagrado. No es extraño pues que casi el 38% de la población reclusa española en 2010 lo estuviera por “delitos contra el patrimonio y la propiedad”, entre otras quince tipologías delictivas. Así que la justicia es un elemento sustancial del poder: acusarla de “politización” equivale poco más o menos a lamentarse de la humedad del agua. Y su evolución es intrínsecamente la misma de las sociedades humanas, y en particular de su organización política.

Por eso el primer modo de hacer justicia ha sido con diferencia el más dilatado cronológicamente, prolongándose a lo largo del 80% de la historia de las civilizaciones. Se corresponde con el predominio de las sociedades estamentales, donde los señores, príncipes, reyes o emperadores ejercieron un poder absoluto porque concentraban en sus manos la función legislativa, la ejecutiva y la judicial.

El crecimiento demográfico y territorial de esos estados primigenios propició el desarrollo de la acción judicial, multiplicándose y especializándose los jueces y tribunales que la ejercían, siempre en nombre del monarca. Pero el proceso de desarrollo social muy pronto operó en otro sentido, multiplicando los intereses no siempre homogéneos de los diversos grupos del estamento privilegiado. Ya fuera por una cosa o por otra, los reyes se vieron obligados a registrar las leyes de algún modo para evitar la arbitrariedad en su aplicación: así se grabó el Código de Hammurabi, se redactó el extraordinariamente prolijo Derecho Romano, o se produjo la abigarrada legislación moderna de las monarquías absolutas europeas.

Fue precisamente en esa Europa del siglo XVIII cuando nacieron los ideales políticos de la Ilustración, que las burguesías europeas del XIX abrazarían sin dudarlo: la división de los tres poderes como pilar estratégico del estado liberal. A medida que sus revoluciones triunfantes se fueron extendiendo, ese modelo de estado y con él la “independencia del poder judicial” se fue implantando paulatinamente: a finales del XIX el Absolutismo había desaparecido de una buena parte de Europa.

La recién estrenada separación del poder judicial perseguía que la aplicación de las leyes no estuviera sujeta a los resultados electorales. Y éstos fueron cada vez más imprevisibles a medida que el sufragio universal se fue abriendo paso durante la primera mitad del XX y el proletariado pudo participar en los procesos electorales. Otra vez la “lucha contra la arbitrariedad”, la peor enemiga de la justicia.

La salvaguarda de los intereses de la nueva clase dominante quedaba depositada en la Carta Magna: de ahí la extrema dificultad de practicar en ellas alguna modificación. Pero, en la segunda mitad del XX, la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, la expansión territorial del comunismo en Europa, y la presión del movimiento obrero aconsejaron incorporar a las constituciones algunos elementos representativos de los intereses populares. Había nacido el Estado del Bienestar; por ello, España es un “estado social y democrático de derecho”. Y consiguientemente la independencia del poder judicial se hizo más ineludible aún.

Pese a todo, en términos generales y en la práctica la separación de poderes en todos los estados democráticos es relativa, dando lugar a un delicado entramado de equilibrios siempre objeto de renegociación. Pero existen fronteras infranqueables. Una de ellas es la prohibición taxativa a los miembros de la judicatura de cualquier militancia política mientras se encuentren en el ejercicio de su función, porque su papel en el mantenimiento del statu quo es fundamental: como los militares, deben mantener una fidelidad exclusiva al Estado.

Cuando el actual Presidente del Tribunal Constitucional (TC) mintió al senado, ocultando su militancia en el PP justo en el momento de ingresar en ese alto tribunal, contravino las leyes. Además, ha continuado ejerciendo una serie de actividades del todo incompatibles con su cargo. Pero no ha dimitido: paradójicamente le protege la independencia del poder judicial, aunque ya le espera una oleada de recusaciones.

No obstante, Francisco Pérez de los Cobos ha hecho mucho más desde una perspectiva histórica. Encaramado en su estratégica posición al frente del constitucional, ha quebrado definitivamente la independencia del poder judicial, y lo ha hecho en el ámbito de la interpretación de la Constitución. Ha abierto de par en par las puertas de la justicia a la arbitrariedad. Y nos ha devuelto a todos a la Edad Moderna, al Absolutismo.

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