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Urgente: El Día de Canarias está por llegar 26 mayo, 2018

Posted by Domingo in Canarias, Soberanía.
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El Día de Canarias se celebra cada 30 de mayo para conmemorar la primera sesión del Parlamento Autonómico, allá por el año 1983. Desde entonces hasta ahora han pasado 35 años en los que los principales problemas de los isleños han seguido sin resolverse, cuando no se han agravado.

Canarias continúa sufriendo un deterioro medioambiental galopante a causa de la depredación despiadada sobre su territorio. Sigue soportando notables desequilibrios demográficos, intra e interinsulares, provocados por una actividad económica cada vez más dependiente y profundamente desarticulada, dirigida y parasitada desde el exterior, e incapaz de disminuir significativamente unas tasas de desempleo entre las más elevadas de España. La canaria continúa siendo una sociedad desorganizada y muy desigual, que se mantiene en los primeros puestos del Estado por sus índices de pobreza. Y también persiste en mantener importantes segmentos sociales en la incultura y la descualificación, en los que el consumismo ha provocado efectos devastadores.

Es posible que el desarrollo del transporte y las comunicaciones interinsulares en estos siete lustros haya provocado una tímida articulación de alguna actividad económica entre varios espacios insulares. También puede que eso haya contribuido a superar sólo en parte (y más bien pequeña) el pleito insular, que tan tosca como exitosamente ha dividido a los canarios, impidiendo (junto a otros factores) el desarrollo de una conciencia, si no nacional, al menos colectiva. Y hasta puede ser que el Día de Canarias haya coadyuvado a disminuir esa histórica desunión. Aunque poco puede pedirse a unos festejos que en lo esencial se reducen al puro folclorismo, y que en muy poco se distinguen de la romería de cualquier localidad.

Por ello el Día de Canarias tampoco ha sido capaz de frenar el alarmante retroceso (que no transformación) de uno de los más potentes signos identitarios de cualquier pueblo, su lengua. Es algo que sólo puede suceder desde el desprecio de sus propios hablantes: nuestro “Día” no nos ha dignificado ante nosotros mismos.

Y es que el 30 de mayo simboliza realmente la perpetuación del sometimiento del Pueblo canario por una oligarquía históricamente subordinada a los grandes centros de poder económico internacional. Y el principal instrumento de su dominación política es precisamente el Parlamento de Canarias. Su composición depende de la ley electoral más injusta del mundo, que vulnera el principio de representación (un ciudadano, un voto) hasta el punto de pervertir profundamente la voluntad popular en favor de los espacios sociales mejor controlados por esa oligarquía.

El Parlamento de Canarias jamás ha representado a los canarios. Por eso los 35 años de régimen autonómico no han servido siquiera para empezar a solucionar ninguno de nuestros grandes problemas. Porque quienes detentan el poder político en las Islas son los mismos que históricamente los han provocado, desde la dictadura franquista y antes, al menos desde el siglo XIX. Ellos sí que tienen motivos para celebrar aquella primera sesión parlamentaria: indudablemente es “su Día”. Para el resto, papas con mojo, vino y ron.

Pero, definitivamente, no es “nuestro Día”. Ése aún no ha llegado.

Domingo Marrero Urbín

(Colaborador de O Olho da História)

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Nuevo texto sobre el actual proceso de cambio en España 26 abril, 2018

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Manifestación del 8 de marzo de 2018 en Las Palmas de Gran Canaria

Desde su nacimiento a comienzos de 2011, este blog se ha ocupado muy especialmente de la mayoría de los acontecimientos significativos que se desarrollaban en España. Siempre desde una mirada histórica, ha abordado el auge de la corrupción, los Indignados, los procesos electorales y otros asuntos, pero muchas veces centrándose en el análisis de lo inmediato. En esta ocasión he analizado el actual proceso de cambio español desde un enfoque dinámico, contextualizándolo en un marco histórico mayor, que alcanza al menos hasta el final de la Restauración borbónica del último tercio del siglo XIX.

9 marzo, 2018

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URGENTE: Asuntos del pasado 27 febrero, 2018

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La constante apelación a los “hechos del pasado” de Mariano Rajoy, los miembros de su Gobierno y muchos dirigentes de su partido para referirse a los casos de corrupción del PP merece una breve reflexión sobre el tema desde una perspectiva histórica e historiográfica. Es obvio que su pretensión es establecer una frontera, un limite, una línea de falla que les permita distanciarse de esos hechos. Es un recurso estilístico equivalente a la también reiterada expresión “esa persona de la que usted me habla”, tan empleada por M. Rajoy cuando le inquieren sobre alguno de sus corruptos ya convictos. Pero es un recurso tan rudimentario como inútil, que además atenta toscamente contra principios elementales del tiempo histórico, de la estrecha relación entre el pasado, el presente y el futuro.

Pero antes de todo eso, tampoco se trata de unos hechos cualesquiera. La reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, condenando al Estado español por haber torturado en el año 2008 a los responsables del atentado de la T4 del Aeropuerto de Barajas, deja muy claro que algunos hechos del pasado no son aceptables debido a su misma naturaleza delictiva. Son profundamente reprobables y deben ser juzgados (y sus responsables deben dar cuenta de lo que hicieron) con independencia del tiempo transcurrido desde que se produjeron hasta el presente. Y la corrupción generalizada del PP (ya se puede afirmar sin temor a equivocarse) no es menos trascendente desde un punto de vista penal, y lo es mucho más para la historia española.

Sin embargo, este no es el principal problema de esa vulgar intentona de Rajoy y sus socios por huir de sus responsabilidades. Lo más importante es que ningún historiador de las diversas corrientes historiográficas actualmente existentes aceptaría la ruptura de la continuidad entre el pasado y el presente. La continuidad histórica es absolutamente innegociable: nadie discute que el presente es hijo del pasado. Incluso aquello que es nuevo en la actualidad, aquello que la distingue de otros tiempos, tuvo en ellos sus orígenes, fue en (y por) ese pasado cuando se engendró. Precisamente la corrupción política fue uno de los principales detonantes (y uno de los caballos de batalla) del movimiento social de los Indignados, del que sin duda alguna nació Podemos, que ha venido a quebrar el sistema bipartidista y a espolear la crisis del PP (y del PSOE, claro).

Asimismo, el hecho de que el Partido Popular consiguiera gobernar durante varias legislaturas seguidas en las comunidades de Valencia y de Madrid no puede desligarse de la financiación añadida y encubierta que disfrutó en todo ese periodo. El dinero negro procedente de las comisiones de empresarios que pretendían adjudicarse obras o servicios públicos le permitió romper ilegalmente una y otra vez los techos de gasto fijados para cada campaña electoral. Eso (entre otros delitos) es lo que se está juzgando en casos como Gürtel o Púnica, en los que se ha puesto de relieve cómo distintos empresarios pagaron directamente actos propagandísticos del PP. Son hechos muy trascendentes porque las campañas electorales hace mucho tiempo se convirtieron en puras operaciones de marketing. Y ya se sabe: a más publicidad, más votos. Como han repetido varios dirigentes de Podemos, el PP ha llegado completamente dopado a muchas de sus victorias electorales, al menos en Valencia y en Madrid. Y, entre tanto asesor de imagen y entrenador personal, habría que preguntarse si uno de los principales problemas de Pablo Iglesias y sus compañeros es que son de los poquísimos políticos personalmente auténticos, muy distantes de cualquier producto publicitado.

Tampoco puede aislarse de esos casos de corrupción la abultadísima deuda pública que arrastran las comunidades de Valencia y Madrid. En septiembre de 2017, la Comunidad Valenciana acumulaba la segunda mayor deuda pública (después de Cataluña), y la mayor de todas las comunidades autónomas en relación a su PIB. La situación de la comunidad madrileña es más desahogada, pese a encontrarse en cuarto lugar por su endeudamiento total. No obstante, sus compromisos no han parado de aumentar desde 2008, en su volumen total y en comparación con su PIB. Aunque lo más llamativo es el contraste de estos datos con el ejemplar descenso de la deuda del Ayuntamiento de Madrid, especialmente desde que está siendo gobernado por Podemos y el PSOE, que lo han conseguido sin deteriorar los servicios públicos. Y todo ello está condicionando el presente más inmediato y también (cómo no) el futuro de esas dos comunidades, al menos en el corto y medio plazo.

¿Pero cuándo finaliza el pasado y comienza el presente? La respuesta de la historiografía tradicional resultaría totalmente desalentadora para M. Rajoy y los suyos, porque la corrupción de su partido formaría parte de un presente más o menos extenso. Hasta hace unas décadas, y todavía hoy quedan quiénes lo creen, se mantenía el precepto de que los historiadores no debían meter sus narices en acontecimientos próximos al tiempo vivido por ellos mismos, fijando un plazo de no menos de cuarenta o cincuenta años atrás. Las razones esgrimidas para establecer ese límite (la supuesta objetividad del investigador y las restricciones para acceder a documentación oficial) ya se han visto superadas en gran medida. De hecho, desde los años 90 las librerías han empezado a vender libros de historia “del tiempo presente” y “del mundo actual”, que rompen la barrera de los cincuenta años y se adentran en las cuatro o cinco décadas posteriores a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y en algunas comunidades de historiadores, como Historia a Debate, ya se habla de la “historia inmediata”. Estos cambios suponen que, en cierto modo, el ayer se acerca extraordinariamente al hoy. Y eso tampoco conviene a la cúpula del Partido Popular: su propia historia les ha preparado una encerrona.

De modo que el pasado persiste en la actualidad a través de sus consecuencias. Pero, a la vez, los tiempos pretéritos son escritos y reescritos desde los condicionantes y las necesidades de los sucesivos presentes, que necesitan ser igualmente reinterpretados. Eso reconoce la mayoría de los historiadores y no faltan ejemplos sobre ello. Desde el “descubrimiento de América” hasta la Guerra Civil española, pasando por la misma Transición, muchos procesos históricos están siendo revisados a la luz de unos nuevos presentes que demandan su propia justificación. Cuando los dirigentes del PP pretenden hacer de la corrupción un asunto del pasado, no sólo están rompiendo la continuidad histórica (algo del todo imposible), sino que intentan reescribir su propio presente en una burda operación de lavado en dos direcciones. Por un lado, difundiendo públicamente una sarta de mentiras: el asunto de la corrupción fue primero una conspiración contra el PP, después una serie de casos aislados, y ahora un tema del pasado. Por otro, ocultando o destruyendo pruebas físicas como el ordenador de Bárcenas (por lo que el PP se ha convertido en el primer partido político acusado de un delito) y amañando los procesos judiciales mediante el nombramiento de fiscales y jueces afines.

Pero, sin saberlo realmente y en pleno desplome electoral, el PP está contribuyendo a la construcción de un nuevo futuro. Como un agujero negro ha polarizado éticamente el arco parlamentario, atrayendo al PSOE y a Ciudadanos a su órbita suicida: M. Rajoy sigue siendo presidente del Gobierno gracias y sólo gracias al apoyo de Sánchez (con su abstención) y Rivera (con sus votos favorables), y a que ninguno de los dos todavía encuentra suficientes motivos para presentar una moción de censura. Es verdad que Ciudadanos está en ascenso (los procesos electorales de los próximos años lo corroborarán, o no), pero a nadie se le escapa que se ha convertido en el puntal por excelencia de este Gobierno, habiéndose presentado antes como el adalid de la regeneración democrática. Asimismo, el PP está sembrando la desconfianza en instituciones como la fiscalía, la judicatura, y las fuerzas de seguridad entre amplias capas sociales. Y a esa dinámica destructiva de este presente también se ha sumado una Monarquía en sus horas más bajas, no sólo con sus propios casos de corrupción, sino también exhibiendo una indiscutible tibieza frente a la del Partido Popular, que ha contrastado enormemente con el inflexible rigor mostrado frente a los dirigentes soberanistas catalanes.

Es muy probable que algún día todos ellos despierten en un presente muy distinto al actual, en el que habrán perdido todo su protagonismo. Y es necesario que así suceda. Si no seremos todos los demás los que terminemos despertando en una pesadilla.

Domingo Marrero Urbín

(Colaborador de O Olho da História)

URGENTE: Un nuevo escenario tras el 21-D. 28 diciembre, 2017

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Parece que los resultados de las elecciones autonómicas catalanas de hace una semana han supuesto una vuelta a la casilla de salida, a la víspera del 1 de octubre y de todos los acontecimientos posteriores: la imputación y prisión preventiva de unos cuantos dirigentes soberanistas, la salida de otros a Bélgica, y la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna. Y así lo han interpretado algunos porque varios hechos se han repetido. Pero eso no significa que también lo deban hacer sus consecuencias.

Como en los anteriores comicios de 2015 (y como en la consulta de octubre) las fuerzas secesionistas han vuelto a ganar, obteniendo otra vez la mayoría absoluta en el Parlamento catalán. Ni la represión policial y judicial, ni el discurso de Felipe VI del día 3 de octubre, ni la suspensión de la Autonomía, ni la fuga de empresas y el descenso del turismo lo han impedido, consiguiendo reunir varias decenas de miles de votos más que en la ocasión anterior. Durante la última década los partidarios de la secesión no han dejado de aumentar en Cataluña, y hasta el momento nada los ha amedrentado. Para algunos analistas el soberanismo ha tocado techo, pero en cualquier caso la respuesta del Estado ya no puede ser la misma: o profundiza en su trayectoria y “pone muertos en las calles”, o retrocede y abre un proceso de diálogo.

Desde Bruselas, desde la cárcel, o desde la calle, los principales diputados independentistas recién elegidos ya han exigido a Rajoy el inicio de las conversaciones. Su mayoría absoluta en las Cortes catalanas los avala. Y su insuficiente mayoría social lo recomienda, ya que sus votantes no alcanzaron el 48% del total, al igual que en 2015. Al menos una parte del soberanismo empieza a admitir que ese porcentaje no basta para una decisión de tanta trascendencia histórica como la Declaración Unilateral de Independencia.

El desplome del PP también demanda el diálogo: ni siquiera sus propios electores están de acuerdo con la respuesta gubernamental al referéndum de octubre. Por eso han votado masivamente a Ciudadanos. Aunque Rivera ha arropado a Rajoy en todo momento, su partido no es el artífice directo de la oleada de represión desatada desde el aparato del Estado. Y ello, al mismo tiempo, puede convertir la victoria de Inés Arrimadas en un suceso meramente coyuntural. Ciudadanos ha sido esta vez un refugio electoral para los votantes conservadores contrarios a la independencia, pero también a la persecución de los independentistas. Y, como todo refugio, es muy probable que sea transitorio.

Ello permite poner en duda, al menos en parte, un fenómeno esgrimido por las fuerzas políticas “unionistas” y muchos medios de comunicación contra el proceso secesionista: la fractura de la sociedad catalana. Es cierto que se ha producido una evidente polarización política y social con consecuencias negativas en muchos aspectos de la vida cotidiana, hasta el punto de transformar unas elecciones autonómicas en un plebiscito. Pero existe un amplio acuerdo social en Cataluña, cuya dimensión varía según los sondeos, acerca de la mejor salida a esta crisis. La gran mayoría de los ciudadanos apuesta por la convocatoria de un referéndum de autodeterminación, cuyas condiciones, garantías y consecuencias sean el resultado de un pacto previo entre las autoridades estatales y las autonómicas. Y también es la opción preferida entre el resto de los españoles. Seguramente por eso los políticos y medios antisoberanistas han agitado tanto el fantasma de la fractura: no está siendo más que una cortina de humo para ocultar el consenso más importante.

Lo que ya parece totalmente sobrepasado por la historia es que el Estatuto denunciado por el PP ante el Tribunal Constitucional en 2006, o la simple reforma del modelo de financiación autonómica, puedan erigirse en soluciones al problema. Posiblemente también ya esté caduca la propuesta federalista del PSOE, aunque pudiera ser una salida satisfactoria para unos cuantos actores. Quizás por eso el PSC obtuvo un diputado más que en la convocatoria de 2015. Aunque es muy probable que en sus resultados (17 escaños) haya pesado más (y negativamente) el respaldo del PSOE a la suspensión de la Autonomía catalana.

No obstante, lo más paradójico de los resultados del 21-D ha sido el retroceso de la única fuerza política cuya propuesta coincide plenamente con la opinión mayoritaria de los catalanes y de los españoles: Catalunya En Comú Podem. Seguramente sus disensiones internas previas a las elecciones le hayan pasado factura, perdiendo tres escaños con respecto a 2015. Y, sin duda alguna, también lo ha hecho el intenso clima de polarización en torno a la independencia.

Pero será el único partido de todo el arco parlamentario catalán que no deberá cambiar de parecer cuando llegue el momento de la negociación política. Ése es el valor de sus ocho diputados, servir de débil muro de contención a la barbarie implícita en cualquier escenario alternativo al diálogo.

Domingo Marrero Urbín

(Colaborador de O Olho da História)